Denuncias por supuestos actos de corrupción en el manejo de más de $200 millones de la descentralización para favorecer la campaña del hoy candidato presidencial José Gabriel Carrizo, empañan el proceso de elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Y es que el abogado Abdiel González presentó ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), una denuncia criminal en contra la Autoridad Nacional de Transparencia por el presunto delito de malversación de fondos y peculado para favorecer la campaña del vicepresidente Carrizo.
Dentro de la denuncia también se incluye al contralor general de la República, Gerardo Solís, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y el propio vicepresidente.
En la misma, el denunciante hace referencia a publicaciones de medios de comunicación, donde se detalla como a algunas juntas comunales del país, principalmente del PRD, se les ordenó el pagó de fondos de descentralización.
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También el jurista manifestó que según la ley, las juntas comunales no deberían recibir fondos superiores a los 110 mil dólares de forma directa, algo que según las publicaciones no se realizó de esta forma.
La denuncia del abogado González se suma a la hecha el pasado domingo, por el precandidato presidencial y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, quien afirmó que a un candidato, a través de los fondos de descentralización, se le destinó recursos a los candidatos afines al mismo.
Algo que, según Adames, se hizo con la anuencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
Lo que dice el Código Penal
Frente a esto, el denunciante comentó que con esto se ha dejado entrever que existió una presunta organización criminal política para socavar la democracia y el Estado de Derecho en Panamá.
En cuanto al peculado, el letrado hizo referencia al artículo 338 del Código Penal que indica puntualmente: "El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma, dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años".
Agrega que: "Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil dólares o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión".
Además, hizo mención del artículo 342 del mismo Código Penal que señala: "El servidor público que dé a los caudales o efectos que administra una aplicación o función pública distinta de aquella a la cual estuvieran destinados y resulta afectado el servicio o función encomendado será sancionado con pena de prisión de uno a tres años".
Como solicitud especial dentro de la denuncia, González pide que se le tome entrevista al diputado Adames, para que de el nombres del candidato del PRD que repartió fondos de la descentralización.
Pidió además realizar una auditoría forense a los dineros otorgados por la Autoridad de Descentralización y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las diversas juntas comunales del país.
