El Gobierno, la Policía Nacional, el Ministerio Público y tres ayuntamientos de Panamá suscribieron un acuerdo para aplicar medidas "inmediatas" de prevención contra el femicidio.
Todas estas instituciones acordaron aplicar el protocolo Nacional de Atención Integral de Violencia contra las mujeres y crear además una base de datos para que autoridades judiciales, administrativas y de la policía conozcan el historial judicial del agresor.
El acuerdo incluye asignar un presupuesto para campañas los 12 meses del año; reglamentar la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer e implementar el uso de brazaletes o dispositivos electrónicos a los agresores.
La iniciativa crea un Registro Único en el MP para el seguimiento de las medidas de protección; una Policía Especializada para mujeres en todo el territorio nacional; y centros de atención Integral para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia a nivel nacional.
Estos centros de atención estarían sujetos a la responsabilidad del INAMU en coordinación con el MP.
Además, promover una capacitación permanente al sector judicial, policial y personal del cuarto de urgencia en la atención de mujeres víctimas de violencia.
El pacto institucional fue firmado por la vicepresidenta y Canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, junto a la Ministra de Gobierno encargada, María Luisa Romero y la directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Liriola Leotau, indicó el Ministerio de Gobierno de Panamá (Mingob).
Esta intención de mejorar la coordinación entre la diversas entidades involucradas en la cadena de custodia para la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia es respaldada también los Ministerios de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud y Educación.
Igualmente se adhirieron el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (MP) y los Municipios de San Miguelito, La Chorrera y Arraiján.
En lo que va del año, fueron asesinadas en Panamá 20 mujeres, la mayoría por razones de género, según datos oficiales.
La ministra de Gobierno, María Luisa Romero, dijo que todas las instituciones tienen que hacer una revisión "muy cuidadosa" de sus obligaciones para asegurar que se pueda aplicar "desde ya" la Ley 82.
Romero remarcó que el Ministerio de Gobierno convocará la Comisión para reglamentar esta Ley, y que se trabaja en un proyecto de Decreto que será presentado al Presidente de la República para empezar el proceso de reglamentación.
