Ministros y viceministros de Estado se reunieron este lunes con autoridades del sector energético, en la segunda reunión interinstitucional de coordinación para trazar una hoja de ruta previa a la construcción del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia - Panamá.
Este encuentro, desarrollado en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, fue presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y su objetivo fue evaluar los avances logrados durante acercamientos con los poblados por donde pasará la línea de interconexión.
Varias comunidades de pueblos originarios ya han manifestado estar dispuestas a aceptar el proyecto, si se le añaden componentes sociales como carreteras, planes de electrificación rural y apoyo para escuelas y actividades productivas.
"Aquí hay temas sociales que debemos ir atendiendo para que el proyecto de interconexión no tenga contratiempos", señaló el ministro Orillac, que insistió que se trata de una obra prioritaria para el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Este megaproyecto es llevado adelante por Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A. (ICP), una empresa conjunta conformada por la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) de Panamá y el Grupo ISA de Colombia.
La interconexión eléctrica es uno de los tres componentes del denominado Corredor Ambiental Sostenible. Los otros dos componentes son planes de infraestructura vial, y de electrificación rural.
La finalidad de la interconexión Panamá-Colombia es fortalecer la seguridad y resiliencia energética de Panamá, habilitar el intercambio eléctrico entre regiones y promover oportunidades de desarrollo en los territorios involucrados.
Tres tramos componen la línea: el primero de 220 kilómetros de largo entre la ciudad de Panamá y Mulatupu, Guna Yala; luego un tramo marino hasta Necoclí, en Colombia; y un último tramo terrestre hasta Montelíbano. Su capacidad de transporte será de 400 megavatios.
Durante las reuniones con comunidades en Darién y Guna Yala, los pobladores han manifestado interés en que el proyecto incluya una carretera que conecte la Panamericana con Mulatupu.
También se pide electrificar a 730 hogares de las comunidades de Nurra, Mortí, Ualá y Sasardí–Mulatupú; el traslado de la Escuela Asnati; y acciones de impacto social en educación, salud, seguridad alimentaria y actividades productivas.
Quedan pendientes próximas reuniones de consulta en el Congreso Wargandí este año, así como un diálogo con autoridades de Alto Bayano en enero, y del Congreso Extraordinario Guna Yala, en marzo.
Por otro lado, se informó que este mes se debe dar cumplimiento de subsanaciones en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. El calendario del proyecto también establece que, a inicios de 2026, debe conocerse la propuesta del sistema de remuneración, y el reglamento de electrificación rural debe aprobarse.
El esquema de financiamiento también se proyecta que quede definido a inicios del próximo año.
En la reunión del lunes estuvieron presentes los ministros Lucy Molinar (Educación), José Luis Andrade (Obras Públicas), Jaime Jované (Vivienda y Ordenamiento Territorial) y la viceministra Doris Bill Fábrega (Asuntos Indígenas).
Además participaron el Secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez y Zelmar Rodríguez, administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep).
