Vicerrectores de la Universidad de Panamá, en compañía de abogados de la Defensoría de los Universitarios y dirigentes estudiantiles, acompañaron a cinco estudiantes que se presentaron a la sede de la Procuraduría de la Nación tras ser requeridos debido a su presunta participación en las protestas del pasado 31 de enero.
El Dr. José Emilio Moreno, vicerrector Académico, junto con el Mgter. Arnold Muñoz y la Dra. Mayanín Rodríguez, estuvieron con los jóvenes que acudieron al Ministerio Público para garantizar la integridad y seguridad de los estudiantes de la primera casa de estudios superiores.
“Hemos venido a enfrentar a la justicia para que no se diga que los estudiantes somos unos delincuentes y nos estamos escondiendo detrás de la universidad, muy por el contrario, como estudiantes tenemos el rol de ser conciencia crítica de la nación y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como estudiantes”, explicaron los universitarios antes de entrar a las instalaciones.
Arturo Trelles, del equipo legal de los requeridos por el Ministerio Público explicó que ellos se han puesto a disposición de la autoridad para posteriormente ser trasladados a la Policía Nacional, a la espera de la audiencia de garantías.
De igual forma, hizo un llamado a Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, para que respete la separación de sus funciones, pues la institución es un brazo auxiliar para una investigación. Asimismo, le recordó el artículo 5 del código procesal penal, que establece que es el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones.
“Cada vez que hay una protesta en este país, el director de la Policía dice que va a judicializar y la entidad no judicializa a nadie, porque es un brazo auxiliar para una investigación. En este proceso solamente hay pruebas de la Policía y en ningún momento el Ministerio Público ha dado la oportunidad a los estudiantes a que presenten sus pruebas”, indicó Trelles.
Recientemente, el juez de garantías del Primer Circuito Judicial Fermín Bonilla impuso medidas cautelares a dos posibles involucrados en una presunta agresión a un agente policial en medio de las protestas del pasado 31 de enero. Ellos enfrentan cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales, y contra la administración pública por obstaculizar la labor policial.
