El contrato firmado entre el Estado y la empresa Banapiña de Panamá (Filial de la transnacional Del Monte), será demandado por un grupo de 250 baruenses que invadieron tierras estatales en el distrito del Barú, provincia de Chiriquí, y que mantuvo Chiquita Brands bajo concesión y luego fueron devueltas, una vez dejaron la actividad.
Gisela Pérez Polo, coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional, afirmó que procederán a presentar el recurso de inconstitucionalidad al contrato en representación de los baruenses, quienes tienen más de 18 años de ocupar las tierras, donde actualmente producen plátano, maíz, papaya y palma aceitera, entre otras actividades.
Carlos Chiari, uno de los invasores de las tierras, señalan que ellos nunca fueron considerados por el Gobierno al momento que firmaron el contrato con la transnacional y no se les ha brindado una alternativa, ya que de las actividades agrícolas es que mantienen a sus familias.
Sostienen que no les queda otra alternativa que presentar la demanda y resistirse a salir de las tierras, ya que no tienen donde vivir y producir.
