Buscan los títulos

Los pleitos por la apropiación de tierras son conflictos que muchas veces tardan años en resolverse y no siempre es favorecido quien tiene la razón.

Cifras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial revelan que en Panamá hay 387 asentamientos informales en todo el país; en dos años solamente han disminuido a 25 lugares, ya que en julio de 2014 habían 412 invasiones.

Rainier Del Rosario, subadministrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anati, explicó que el requisito principal para la titulación de una tierra es la posesión del terreno.

Dentro de ese esquema, hay tres modelos de titulación, con la Ley 80 aplicable a costas, islas y territorios urbanos; la Ley 37 para las zonas productivas, y la titulación masiva. Aquí el Estado declara zona de regularización para posteriormente visitar al beneficiario, quien debe tener toda su documentación.

En los otros dos casos se debe levantar un plano elaborado por un agrimensor o topógrafo idóneo, y tener pruebas de la posesión; incluye fotos, documentación de la tenencia o la forma de adquisición.

En dos años de gestión, la Anati ha entregado 13 mil 584 títulos de propiedad, de estos alrededor de 12 mil de manera social, 1,300 bajo la antigua reforma agraria a productores de todo el país y 45 en playas y costas.

Pablo Martínez, abogado de la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que agrupa cerca de 30 comunidades y unas 10 mil familias que invaden terrenos, dijo que la Anati es un ente catalizador de fincas con intereses bien claros por algunos sectores preponderantes en el país.

"Jamás han tenido la intención de resolver las necesidades sociales de la población", acotó.

Los costos de los terrenos en zonas rurales van desde $6 el metro, mientras que en el caso de la Ley 80 se está definiendo con una tabla de valores.

Es importante resaltar que las disputas por terrenos tardan muchos años, es competencia de la Anati si la tierra es del Estado, mas no un bien privado.