El Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá (MNRP), organización conformada por más de 900 recicladores de base a nivel nacional se pronunciaron sobre el vencimiento del contrato entre la empresa Urbalia S.A., y el Estado panameño.
El colectivo indicó que los recicladores de base son hombres y mujeres trabajadores en los vertederos, galeras y otros espacios de disposición de residuos en todo el país que nos dedicamos a la recuperación, clasificación, separación y transformación de materiales para su comercialización o reutilización.
Se conoció que a nivel nacional reclaman al Estado Panameño y a la sociedad en general el reconocimiento y respeto al trabajo con el que sostienen la economía de sus familias y contribuyen a la conservación del medioambiente.
Así las cosas, los recicladores solicitaron la inclusión de sus compañeros y compañeras recicladores de base de todo el país, en los sistemas formales de gestión de residuos tal como los dicta la Ley 276 del 30 de diciembre del 2021.
En Cerro Patacón exigen el cumplimiento del contrato 489 de 2008, que mandata a la empresa Urbalia S.A. a garantizar condiciones dignas y justas para realizar nuestra labor de reciclaje.
Ante el vencimiento del contrato entre Urbalia S.A. y el Estado Panameño, el próximo 25 de marzo, los recicladores de base reclaman el derecho a ser tomados en cuenta para abordar los planteamientos, negociaciones y puesta en marcha de los correctivos que deberá asumir la empresa que sea favorecida con un nuevo contrato y por ende con la responsabilidad del correcto tratamiento de los residuos del vertedero más grande de Panamá, el de Cerro Patacón.
Los recicladores de base en Panamá, aglutinados y organizados en el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá (MNRP); organización constituida legalmente desde el año 2015, parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores y la Alianza Internacional de Recicladores en la que participan más de 34 países del mundo, se mantienen vigilantes ante los acontecimientos y decisiones que impacten y vulneren su legítimo derecho al trabajo digno y por ende el derecho a la vida, sus economías y el medioambiente.
