El asilo político que Bolivia le otorgó al líder del mayor sindicato panameño de la construcción, Saúl Méndez, quien permanece desde el sábado en el país andino, no entorpece las relaciones con Panamá, aseguró este lunes a EFE la canciller boliviana, Celinda Sosa.
La ministra de Exteriores expresó que la situación de Méndez fue analizada por el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y que fue algo que «se ha tratado en coordinación con el Gobierno de Panamá», en una reunión con el canciller Javier Martínez-Acha.
Sosa argumentó que la concesión del refugio a Méndez se hizo en el marco de las atribuciones que otorga la Constitución de Bolivia sobre la protección de los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas, por lo que el procedimiento «tiene un cierto nivel de reserva».
La canciller explicó que esto no afecta la relación entre ambos países, que es buena, y que incluso está prevista la llegada de su homólogo panameño el próximo 6 de agosto, jornada en la que se conmemorarán los 200 años de la independencia de Bolivia.
En ese encuentro está prevista la firma de «algunos memorándums» entre Bolivia y Panamá, detalló Sosa.
Méndez, refugiado en la embajada de Bolivia en Panamá desde el pasado 21 de mayo, después de que se emitiera una orden de captura en su contra por un caso de supuesta estafa, abandonó el sábado la sede diplomática y viajó como asilado al país suramericano, tras recibir el salvoconducto del Gobierno panameño.
El dirigente, que desde 2010 es el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares (Suntracs), partió la tarde del sábado en un vuelo comercial desde Panamá hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz.
El líder sindical panameño es requerido por la Justicia de su país, que emitió una orden de captura por un caso de estafa y blanqueo de capitales presentado en 2022 por miembros del Suntracs y que involucra a una decena de directivos del organismo sindical.
Por su parte, Méndez ha expresado su respaldo a gobiernos de «izquierda», como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y acusa al presidente panameño, José Raúl Mulino, de «dictadorzuelo».
Otro directivo del Suntracs, Eramos Cerrud, con orden de captura por la misma causa de estafa y blanqueo promovida por miembros del sindicato, se refugió en la Embajada de Nicaragua, cuyo Gobierno informó el pasado 19 de junio que también le concedió el asilo.
El exsecretario general del Suntracs, Genaro López, de 70 años, también se encuentra procesado y cumple arresto domiciliario por el mismo caso presentado en 2022 que involucra a los directivos de ese sindicato.
El Gobierno de Panamá solicitó la semana anterior a un tribunal la disolución del mayor sindicato de la construcción, el Suntracs, bajo acusaciones de que ha incurrido supuestamente en extorsión, abuso de poder y uso indebido de sus recursos.
