Panamá/EFE
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exigió hoy a la Asamblea Nacional (AN), transparencia en la administración de justicia en el caso de supuesta corrupción que involucra al magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CS) Alejandro Moncada Luna.
Una subcomisión de la AN separó ayer lunes del ejercicio del cargo a Moncada y le dictó medidas cautelares, entre ellas la obligación de mantenerse en su domicilio, tras imputarle los delitos de blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.
El magistrado fue separado del ejercicio del cargo mientras un diputado devenido en fiscal lo investiga por los delitos imputados, para lo cual cuenta con un plazo de dos meses prorrogables por hasta otros seis.
La CCIAP recalcó este martes en su comunicado que el artículo 475 del Código Procesal Penal panameño "establece que la decisión final o veredicto" sobre la eventual separación definitiva del cargo de Moncada será determinada en una votación "secreta" y "requerirá de las dos terceras partes de la AN".
"Si no se logra este número de votos el imputado será declarado no culpable", dijo la Cámara, citando el artículo del Código Procesal Penal.
Por ello, la CCIAP "advierte que los diputados tendrán una responsabilidad histórica, que puede fortalecer la institucionalidad democrática y la recuperación de la confianza ciudadana en la clase política y en la seguridad jurídica (...) siempre y cuando actúen en el más estricto apego al debido proceso".
"Al ser secreto el voto de los diputados, les instamos a actuar con imparcialidad, respetando el debido proceso, la mayor madurez política, pero sobre todo, garantizando la correcta administración de la justicia", añadió.
Moncada, que tiene un plazo de 20 días contados a partir de ayer para aportar pruebas de descargo, volvió a declarar su inocencia y dijo ser víctima de una supuesta persecución política.
Tras la audiencia de ayer lunes, el expresidente del Supremo afirmó que su separación del cargo de magistrado solo podía ser decidida por el pleno de la AN, de 71 escaños, y no por una subcomisión parlamentaria integrada por tres diputadas y devenida en tribunal.
