El escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos de niños en albergues que sacude a Panamá exhibe el prolongado estado de colapso y de inacción de la justicia, y las vías para rescatarla ha abierto un debate entre políticos y juristas.
La renuncia de Eduardo Ulloa como fiscal general en plena crisis de los albergues ha sido vista por analistas consultados por Efe como una prueba más del descarrilamiento del sistema judicial.
Ante esto algunos políticos han planteado una comisión internacional amparada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que investigue tanto este escándalo que involucra a infantes como otros de corrupción.
La salida intempestiva de la cabeza de la Fiscalía se dio cuando se preparan las vistas fiscales de cara al inicio de los juicios de las tramas de sobornos de la brasileña Odebrecht y FCC, que involucran a centenares de imputados, incluidos expresidentes, exministros y empresarios.
La opción para adecentar la Justicia, desde hace años vista como ineficiente y hasta corrupta, que implique un ente internacional, es apoyada por actores políticos pero rechazada por juristas.
UNA COMISIÓN INTERNACIONAL
Dados "los constantes vaivenes de la Justicia" el abogado y exembajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez propuso en el 2016 crear en Panamá una Comisión Internacional contra la corrupción y la impunidad, como la que existió en Guatemala, y cree que ahora cabe replantearla porque la situación no ha variado.
"La justicia panameña, al igual que el resto de Órganos del Estado, está hecha añicos, los intereses políticos, personales y de grupos encumbrados impiden que se llegue al final" en casos como el de los albergues y Odebrecht, afirmó Cochez a Efe.
Es por ello que el exembajador ha planteado que se busquen mecanismos a disposición del Estado, como son las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La idea de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Panamá (Cicip) en razón de que "la justicia es inexistente" también fue recomendada en una carta al actual presidente, Laurentino Cortizo, por el excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana, quien no cree que el mandatario acceda "por su falta de carácter y determinación para cumplir la Constitución".
Lombana dijo a Efe que "claramente no hay justicia en Panamá, no somos capaces de administrar justicia imparcial", lo que se traduce en que se está ante "un Estado fallido", y que por eso él y su Movimiento Otro Camino proponen crear una Cicip para investigar los escándalos de Odebrecht y los albergues, aunque esto signifique "ceder soberanía".
El político considera que el "punto de inflexión" que muestra la inacción de la justicia es el lance de los albergues, ya que el fiscal general renunció argumentando las limitaciones para investigar este caso, lo cual, afirmó, "es muy grave".
A inicios de febrero una subcomisión parlamentaria presentó un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados en al menos 14 albergues, instituciones que deben ser supervisadas por el Estado.
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JURISTAS PIDEN RESCATAR A LA JUSTICIA DEL ABANDONO
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, rechazó la propuesta de una Cicip: "Pretender que un organismo externo solucione los problemas de la justicia en Panamá es parte justamente del problema. El sistema judicial panameño ha fracasado por esas voces, por esas propuestas de atender coyunturas".
El sistema, argumentó Araúz a Efe, ha estado "abandonado por décadas", algo de lo que culpó "a los partidos políticos, que sin agenda temática, sin visión de futuro se han quedado huérfanos de propuestas" para hacer eficientes los servicios públicos, uno de ellos la Justicia.
El "colapso" de la Justicia se resuelve con un "diálogo franco" y con la "dotación de presupuesto, recurso humano y estructura: los panameños somos lo suficientemente capaces de enfrentar el reto siempre y cuando" se tengan los recursos, manifestó el jurista.
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