Durante el último semestre se ha mantenido el libre ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública y se ha dejado sin efecto un anteproyecto de ley de periodismo ante la Asamblea Nacional, que contenía graves medidas contra las libertades de prensa y expresión.
Continúa pendiente de decisión el proceso contra el ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz y otros, por agresión e impedir filmar al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, con su teléfono celular un incidente en que se estaba impidiendo el libre ejercicio de dos periodistas del canal TVN.
Se ha fijado la audiencia para el 11 de abril sobre el proceso que adelanta la Fiscalía Auxiliar en el que se investigan escuchas ilegales que se realizaron durante la administración anterior en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Fueron víctimas más de 150 personas, entre ellas periodistas. Por su parte la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso paralelo contra el ex presidente Ricardo Martinelli, contra quien giró orden de detención el 21 de diciembre.
En diciembre, el Juzgado Decimotercero de lo Civil (Panamá), bajo la firma de la jueza Melina Robinson, en una demanda interpuesta por los señores David y Daniel Ochy, condenó a Corporación La Prensa, en concepto de "daño moral", a pagar la suma de US$600 mil a empresarios y costas por US$60 mil, en un caso que data de 2012.
Se trata de una publicación del diario La Prensa con informaciones relacionadas a contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que favorecían a la constructora Transcaribe Traiding, con proyectos millonarios. El 2 de agosto de 2012, camiones propiedad de la empresa constructora Transcaribe Traiding (TCT) se estacionaron alrededor de las instalaciones del diario, con la clara intención de impedir la circulación para el día siguiente.
El Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó (julio, 2015) un sobreseimiento definitivo a favor de los trabajadores de la empresa constructora por bloquear e impedir la circulación de los diarios.
Los señores Ochy alegaron que las publicaciones fueron "falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes", pero en ningún momento desmintieron las informaciones.
La sentencia desatiende jurisprudencia amplia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratándose de una desproporcionada reparación pecuniaria del supuesto "daño moral", que podrían poner en riesgo la existencia de un medio.
Esta sentencia ha sido apelada y corresponde al Primer Tribunal Superior de Justicia decidir si mantiene o reforma la decisión adoptada.
En enero, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al diario Panamá América y a los periodistas Aparicio y Chéry a pagar una indemnización al ex ministro de US$25 mil. El fallo fue ampliamente condenado por gremios periodísticos, medios de comunicación, principalmente, porque sienta un pésimo precedente en lo que respecta al derecho de la fiscalización de la prensa sobre los servidores públicos. Fue un proceso entablado contra el diario Panamá América y los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chéry, quienes informaron sobre la utilización de recursos del Estado a través del Fondo de Inversión Social (FIS) para la construcción de una carretera y así, presuntamente, favorecer una finca privada del entonces ministro Winston Spadafora.
En noviembre, durante la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento Latinoamericano (con sede en el país), el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, señaló que las redes sociales y las nuevas tecnologías deben ser reguladas a través de legislación. Luego el presidente de la Asamblea de Diputados, Rubén De León, hizo un señalamiento similar, aunque destacó que había sido mal interpretado y no existe ninguna iniciativa ante la Asamblea.
En enero, el Tribunal Electoral aplicando una norma del Código Electoral que establece lo referente a llevar un registro de la propaganda de instituciones estatales en los procesos electorales, impuso una multa a la radioemisora KW Continente. El Consejo Nacional de Periodismo señaló que "es respetuoso del Estado de derecho y propiciamos el estricto cumplimiento de la Ley electoral, sin excepciones, pero a la vez confiamos en un intercambio justo de información entre las partes, de forma tal que se eviten malos entendidos en torno a la utilización de métodos legales para influenciar en la línea editorial de cualquier medio de comunicación social".
El 9 de marzo el periodista Álvaro Alvarado presentó ante la Procuraduría General de la Nación una querella penal contra las personas que resulten responsables por delitos contra su honor. Señaló que había circulado a través de medios y sistemas de mensajería instantánea (WhatsApp) afirmaciones que le adjudicaban la comisión de delitos. Denunció en su cuenta de Twitter que el Consejo Nacional de Seguridad ha intentado intimidarlo.
En marzo la periodista Ana Sierra del diario Metro Libre, dijo que no intentó violar la confidencialidad a la que tienen derecho los pacientes en un hospital al entrevistarlos y fotografiarlos. No obstante fue obligada bajo intimidación a borrar las fotos que había tomado, por el jefe de seguridad.
Aduciendo una norma del Código Electoral que señala que las agencias encuestadoras deben registrarse ante el Tribunal Electoral cuando los resultados de sus encuestas vayan a ser divulgados en un medio de comunicación social, el Tribunal Electoral abrió un proceso administrativo contra Editora Panamá América y el canal de televisión CB24, por notas de contenido editorial publicadas el 27 de octubre de 2015 y el 15 de febrero de 2016. Las empresas periodísticas ya han presentado sus descargos y el caso está pendiente de decisión.
Continúa en trámite legislativo del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios.
Ha sido presentado un Proyecto de Ley de Reformas Electorales por parte del Tribunal Electoral ante la Asamblea Nacional de Diputados que afectarían la libertad de expresión y de prensa y la libre empresa.
Unas normas intentan limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, regulando contenidos de las propagandas, estableciendo amplias modalidades de "irrespeto" con un alto grado de subjetividad, creando condiciones proclives a la autocensura, regulando contenidos editoriales y fijando multas y hasta la posibilidad de "cierre inmediato" de medios. Esto hace suponer un procedimiento sumario, sin derecho a defensa.
Otras normas regulan el registro de los medios para poder acceder a propaganda política, controles de asignación y distribución de pauta, controles sobre los planes de medios de los partidos políticos, participación de las agencias de publicidad, prohibiciones de contenidos de pauta, fijación de tarifas.
Hay que señalar aquí que se está proponiendo que la totalidad del gasto de propaganda electoral de la próxima campaña sea financiado con dinero público.
En un periodo de consultas en la Comisión legislativa los medios lograron posicionar el tema, logrando que tanto los magistrados del Tribunal Electoral como los diputados en la Asamblea admitieran la posibilidad de modificaciones.
También el pasado 5 de abril, el periodista Alvarado denunció en su cuenta se Twitter que había sido informado que la "Caja de Seguro Social está solicitando al Colegio de Periodistas que me sancionen por divulgar las quejas de usuarios y criticar a la CSS". Tan reciente como el 7 de abril el también periodista José Miguel Guerra, director de Relaciones Públicas de la CSS presentó su renuncia y señaló que lo hacía por ataques recibidos por colegas periodistas.
Consignamos que el periodista Julio Miller, cuyo caso reportamos en la Asamblea de Charleston, mantiene medida cautelar de prohibición de salir del país.
La periodista Carmen Boyd que había sido objeto de robo y vandalismo contra su vehículo y responsabilizó al Consejo Nacional de Seguridad de lo que le pueda suceder considerando que el robo fue consecuencia de las denuncias presentadas contra la actual administración. Las denuncias aludidas guardan relación con un proceso laboral contra el Gobierno.
El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas realizaron una Conferencia con expositores internacionales que demostró las restricciones a la libertad de prensa.
La Cámara de Comercio de Panamá apoyó la posición de los medios de comunicación y propició un encuentro con los magistrados del Tribunal Electoral que sirvió para acordar que los medios presentarían una propuesta de modificaciones específicas para salvaguardar la libertad de expresión. Se manifestaron contra la eliminación de la norma que otorgaba la facultad al Tribunal Electoral de "cierre inmediato de medio de comunicación" (artículo 409).
Los medios y el CNP y el Fórum entregaron a los magistrados del Tribunal Electoral un documento que contenía las modificaciones sugeridas. Los magistrados del Tribunal Electoral y del presidente de la Comisión Legislativa, se han comprometido a presentarlas en el primer debate legislativo. Sobre el segundo grupo de normas, también se presentaron modificaciones, las cuales todavía no han sido acogidas.
El periodo de sesiones está por terminar el 30 de abril y no existe fecha fija para iniciar el primer debate.
El Grupo EPASA que edita los diarios Panamá América, Crítica y Día y Día, han hecho público en esta Adamblea que desde inicios de 2015 la Dirección de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas abrió 3 procesos sobre impuestos.
El primer proceso se abrió contra la empresa editorial y el segundo contra la empresa propietaria de las instalaciones, rotativas, equipos y maquinarias. En ambos procesos los directivos del grupo presentaron sus recursos reconsiderativos, sin recibir respuesta por más de un año.
Luego se abre un tercer proceso contra la sociedad accionista o holding del grupo, la que sólo actúa como accionista del grupo y no tiene operaciones, sin que todavía se emita una resolución.
El Grupo editorial considera estos procesos como un "acto de abuso del poder que intenta coartar la libertad de expresión y el derecho de información".
