Este 1 de julio de 2023 se conoció que la Contraloría General de la República inició una auditoría social a las 679 Juntas Comunales a nivel nacional; haciendo uso de la nueva “Guía Básica” para la rendición de cuentas que lleva a cabo la nueva subdirección de Rendición de Cuentas; creada como herramienta para fiscalizar y fomentar el adecuado uso de los recursos del Estado.
Esta guía establece las responsabilidades y obligaciones administrativas que deben cumplir las juntas comunales, referente a las contrataciones por la adquisición de bienes, servicios y ejecución de diversas obras, explicó el director nacional de Fiscalización, Marino Palacio.
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Por su parte, el contralor Gerardo Solís manifestó que “la Contraloría preparó con tiempo una Guía de Rendición de Cuentas, que cada entidad gestora tendrá el deber de cumplir. Pero reiteramos que la explicación, sustento y divulgación ante la ciudadanía es responsabilidad de cada unidad gestora”.
Agregó, “nosotros revisamos la rendición de cuentas, la examinamos y dictaminamos, si se ejecutó correctamente o por el contrario si presenta hallazgos de incorrecciones que ameriten subsanar para corregirla, y en los casos que se encuentren situaciones que contengan actos dolosos serán remitidos para Auditoria General o Forense”.
Hay que cumplir con las exigencias
De acuerdo con el funcionario, se lleva a cabo una jornada de trabajo con los fiscalizadores a nivel nacional, con el objetivo de cumplir las exigencias de las “Guías Básicas” para la Rendición de Cuentas por parte de las Juntas Comunales. El informe de Rendición de Cuentas será presentado trimestralmente por cada Junta Comunal en un plazo de 15 días hábiles, finalizado el periodo de tres meses.
Adicionalmente, acotó que se creó el programa de Auditoría Social iniciado por la nueva subdirección de Rendición de Cuentas que comenzó en conjunto con la Universidad de Panamá, con la finalidad de promover la participación ciudadana y para ello recibió, en febrero de este año, al primer grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño, quienes en su práctica profesional ejercen la función de auditores sociales con un plan de trabajo establecido, como parte de la planificación ordenada de la gestión del control posterior, diseñada en el año 2020.
