La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada de Costa Rica (FACDO) realizó hoy 11 allanamientos en busca de pruebas en un caso de tráfico de armas de fuego a Panamá.
El Ministerio Público informó en un comunicado de que los allanamientos se llevaron a cabo en casas, locales comerciales y empresas de seguridad privada involucras en el tráfico de armas como pistolas Canik, 9 milímetros y Kanuni; así como fusiles y rifles.
Además, la FACDO allanó el Departamento de Control de Armas y Explosivos, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y la Dirección General de Armamento, las tres oficinas adscritas al Ministerio de Seguridad.
La investigación indica que la empresa "Armería Martín Armar S.A" importó armas de manera lícita desde Turquía, Estados Unidos y la República Checa y luego documentó su venta a empresas de seguridad privada legalmente constituidas en Costa Rica.
"Sin embargo, en la realidad las armas no son adquiridas por dichas compañías, y por el contrario son vendidas dentro y fuera del país a terceros de forma clandestina, limándoseles -en la mayoría de casos- los números de serie para perder el rastro del proveedor", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
El grupo criminal inscribió las armas de fuego en el Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad a nombre de las empresas de seguridad privada.
"Al menos en una oportunidad, se logró detectar que la empresa importadora envió armas a Panamá sin contar con los permisos de exportación extendidos por la Dirección de Armamento y por el Departamentos de Armas y Explosivos", agregó el Ministerio Público.
Según la investigación, 31 armas con sus números de serie intactos se detectaron en Panamá, a donde habrían llegado entre el 2012 y el 2013 evadiendo controles migratorios, fronterizos y aduaneros de ambos países.
"Se pudo confirmar que en Costa Rica fueron importadas por la Armería Martín Armar S.A. y que se había simulado las ventas a empresas de seguridad privada en el país", agregó la fuente oficial.
Los allanamientos en las oficinas adscritas al Ministerio de Seguridad se llevaron a cabo con el fin de localizar información que permita confirmar el modo de operar de la organización delictiva y determinar si existe alguna participación de funcionarios públicos.
Según la Fiscalía, este caso se relaciona con otro cuyo juicio inició hoy contra tres colombianos, un costarricense y un nicarag ense, quienes están acusados por los delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas.
