El Supremo de Panamá rechazó hoy por falta de pruebas una denuncia contra 34 diputados reelectos de la Asamblea Nacional (AN), señalados de presuntamente haber manejado de forma supuestamente irregular millones de dólares durante el quinquenio pasado (2009-2014).
Un pleno extraordinario celebrado este jueves "decidió no admitir la denuncia presentada por el señor abogado Ernesto Cedeño, en contra de 34 diputados que fueron reelectos en la AN, por el delito contra la administración pública", indicó un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los nueve magistrados que conforman el pleno decidieron de manera unánime que en su denuncia Cedeño "no incluyó prueba idónea que sustentara su relato en contra de 34 miembros de la Asamblea Nacional", indicó la información del Supremo.
"El rechazo de la denuncia por no existir prueba idónea que la respalde no implica tránsito a cosa juzgada", aclaró el máximo tribunal del país.
La Corte Suprema solo "ha decidido no iniciar la fase de investigación evitándose así permitir la violación de garantías fundamentales o patrocinar la impunidad en perjuicio de la sociedad", añadió.
Cedeño denunció que los 34 legisladores, todos reelegidos para el período 2014-2019, no han explicado ni sustentado en que gastaron parte de los más de 400 millones de dólares que en el quinquenio anterior entregó el Ejecutivo a todos los diputados de la Asamblea Nacional, de 71 escaños, a través de las llamadas partidas circuitales.
"Los lugares donde se perpetraron las presuntas irregularidades son el gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN), las Juntas Comunales y los Municipios (...) con el uso y administración de las llamadas partidas circuitales se pudo haber vulnerado un cúmulo de disposiciones jurídicas", dijo Cedeño en su denuncia.
El gubernamental PAN es actualmente centro de denuncias de corrupción y dos de sus exdirectores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, se encuentran detenidos e investigados por la firma de contratos millonarios en condiciones supuestamente irregulares.
Guardia aceptó su responsabilidad en las irregularidades administrativas y en sus declaraciones en la Fiscalía ha involucrado a otros exfuncionarios.
