Tres hombres y una mujer, de origen chino pero con muchos años de residir en Chitré, provincia de Herrera, fueron imputados con cargos relacionados a la trata de personas, tras una operación realizada la pasada semana en la región.
Tras una maratónica audiencia de más de seis horas, y que culminó la noche del sábado, los ciudadanos chinos, algunos nacionalizados panameños o con residencia permanente en el país, recibieron la medida cautelar de detención provisional.
Solo la única dama imputada, de 39 años de edad, recibió una medida distinta, al otorgársele depósito domiciliario y prohibición de salida del país, ya que mantiene discapacidad en uno de sus brazos, además de heridas, producto de un robo reciente en la empresa.
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Habían nicaragüenses y chamos
Según lo relatado en la audiencia, los ciudadanos Rong Lua Wu, de 43 años; Zhuoxuan Mo, de 30; Guojie Wu, y Hulian Wu, de 39 años, supuestamente facilitaron el desplazamiento de personas extranjeras y panameñas, en condición de vulnerabilidad, para someterlas a explotación laboral y servicios forzados, a través de su empresa, dedicada a la importación y exportación de productos.
Según el relato de la fiscal Isaura Mejía, la denuncia se recibió a través de una llamada anónima, en la que se denunció la presencia de una veintena de ciudadanos chinos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, quienes eran explotados laboralmente, amenazados con arma de fuego, incluso golpeados, y a quienes se les retuvo sus documentos.
La fiscal señaló que en los operativos realizados en cinco lugares del distrito de Chitré, el pasado 12 de septiembre, se encontró además de los extranjeros en situación irregular, documentos migratorios originales y copias, armas de fuego de diferentes calibres y municiones.
Mejía aseguró que una quinta persona podría estar implicada en el hecho, pero se tiene conocimiento que se encuentra fuera del país, por lo que se realizan los trámites necesarios para llevarlo a la justicia a su regreso.
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Les niegan cambio de medida cautelar
La defensa privada de los investigados, a cargo de los abogados Arcelio Mojica y Carmen Montillanos, pidió el cambio de la medida cautelar de detención provicional por una fianza de excarcelación, lo que fue negado por la jueza de Garantías, Julisa Saturno.
Por esta razón, se fijó una apelación de la medida de detención para el próximo 20 de septiembre, la cual será decidida por los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Herrera.
Los tres imputados fueron enviados a la cárcel pública de Chitré, mientras que la dama a su residencia, donde deberá permanecer durante el tiempo que dure el proceso.
