Una investigación de oficio, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Presidencia, inicia la Defensoría del Pueblo, por posible vulneración de los derechos humanos de los servidores públicos, por el pago incompleto del décimo tercer mes.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, ha solicitado que en un plazo no mayor de cinco días hábiles para que las entidades gubernamentales y demás instituciones que tengan relación con esta investigación rindan un informe, con el objetivo de determinar si existe o no vulneración de derechos humanos.
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Además, el Ombudsman ha autorizado a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos para llevar a cabo inspecciones en cualquier institución pública y realizar otras diligencias pertinentes.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el establecimiento de un tope salarial para el cálculo del décimo tercer mes de los funcionarios, a inicios del mes de febrero de 2024.
