Protesta. Miembros de la Alianza Estratégica Nacional y productores de Barú presentaron ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato firmado en mayo entre el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y representantes de la empresa Banapiña de Panamá S.A., filial de la transnacional Del Monte.
Según los quejosos, con dicho contrato se afecta a más de 800 productores que se han dedicado a la actividad agrícola junto con sus familias en 1,132 hectáreas del Estado en el distrito del Barú, en las antiguas fincas bananeras en la provincia de Chiriquí.
Pues ahora los quieren desalojar a través de una de las cláusulas del contrato.
Inés Guillén, productora de la provincia, plantea al mandatario que apoye a los productores nacionales, pues no solo son los de provincias centrales.
