Un fiscal de circuito, que debe investigar el sonado caso del pago de las presuntas indemnizaciones fraudulentas a productores, fue denunciado ante el Ministerio Público de la provincia de Veraguas, por el abogado Iván Castillo de no hacer su trabajo dar tiempo a la posible prescripción de los delitos contra la fe pública y contra el crimen organizado en la modalidad asociación ilícita para delinquir.
Castillo explicó que la queja fue presentada en la recepción de denuncia en la regional del Ministerio Público, a raíz de algunas audiencias ya hechas en el Sistema Penal Acusatorio, donde un juez de garantías, señaló que no puede admitir una denuncia de oficio en contra de funcionarios del Ministerio Público.
Dijo que el juez de garantías fue enfático y dinámico en destacar que corresponde al fiscal de la causa realizar las investigaciones contenidas en la carpetilla 83933, de manera oficiosa, a quien se mencione haya participado en la posible comisión del hecho que se menciona, como sustraer documentos de una empresa y a personas con la finalidad de posible extorsión.
El letrado querellante en el caso de la empresa Vado Del Alamo, propiedad del veragüense Alberto Martinelli afectado y denunciante, según él, le sustrajeron tiquetes o documentos a su cliente para hacer que el MIDA hiciera efectivo el pago a personas que ni siquiera eran productores.
Este medio de manera responsable intentó obtener información del Ministerio Público de Veraguas utilizando la atención de Relaciones Públicas de la mencionada Institución, pero la fiscalía superior de esta provincia, envió el mensaje de no poder dar información, puesto que hay una investigación sobre este tema.
Castillo sostuvo que en su denuncia esta solicitando que el fiscal sea separado del cargo de manera inmediata, porque según el no quieren hacer las investigaciones de oficio y probablemente dando tiempo a que haya prescripción del caso y así podría beneficiar a los involucrados para que no sean imputados por el posible delito de extorsión, entre otros.
El Artículo 262 del Código Penal establece que el Ministerio Publico está en el deber de investigar y perseguir los delitos de manera oficiosa cuando se tenga conocimiento de estos.
