La licitación de comida en cárceles no sale de las críticas. Ahora, por más de $74 millones se habilita a una empresa extranjera, que presuntamente falsificó documentos.
Se conoció que desde febrero de 2021, el Gobierno Nacional adelanta la licitación pública por B/. 74,386,416.00, para la comida de casi 15,000 privados de libertad, quienes se encuentran retenidos en las cárceles de Panamá y Colón.
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Quienes participaron de este proceso, detallaron que al revisar las diversas actuaciones de los participantes, notaron que después de que se presentaron las propuestas, por parte de cuatro empresas extranjeras el 29 de julio de 2021, se han ordenado dos informes de evaluación por parte de la entidad y un informe nuevo con una nueva comisión ordenada por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
"Lo que llama poderosamente la atención es que durante el segundo informe de la Comisión Verificadora del 31/08/21 y producto de una denuncia de una de las empresas participantes, a la empresa denominada Consorcio Asociación Accidental Alikard, le observaron una presunta falsedad de los documentos presentados en la propuesta económica, los cuales diferían con los verificados en la cancillería de Colombia con el número de apostilla", señaló la fuente.
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En la mira...
En una verificación realizada a los documentos publicados en el portal de Panamacompra se puede evidenciar que el documento presentado en la propuesta de esta empresa Consorcio Asociación Accidental Alikard, se anexa un documento con una oferta económica para los 3 renglones de la licitación, con un valor de $62,905,034.40; sin embargo, al revisar el mismo documento con el número de apostilla y fecha en la página de Cancillería, se observa que el documento realmente apostillado tiene una oferta solamente para el renglón 1 con un valor de $48,384,228,45; es decir, se presentó una apostilla respaldando una propuesta económica, que no coincide con lo presentado, considerándose así una falsedad de documento público con el agravante de la apostilla.
Así las cosas, en seguimiento a las actuaciones de la entidad y Contrataciones Públicas; llama la atención aún más que después de que se publicó este informe, la entidad no mencionó una palabra.
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Por su parte, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió respuesta mediante Resolución No 1029-2021 del 20 de septiembre de 2021, indicando en este aspecto que no aprecian ninguna inconsistencia en lo mencionado en el informe.
Agregan que ese punto debe ser revisado nuevamente por la comisión verificadora, que después de conformada, emitió un nuevo informe el pasado 06-10-21 omitiendo de manera descarada esta falsificación, habilitando una empresa extranjera y descartando lo indicado por la primera comisión evaluadora, que dejó ver a la luz de los entes responsables que había una grave inconsistencia en la información.
Analistas de esta licitación coinciden en que dicha falsificación se evidencia en el estudio forense mediante informe técnico de criminalística documental y en la diligencia notarial, presentado en las observaciones de una de las empresas, donde queda claro que lo realizado por esta empresa es una falsificación de documento público,y ni la segunda comisión evaluadora ni contrataciones públicas ni la entidad han inhabilitado esta empresa, a pesar que la ley de contrataciones pena la falsedad de documentos con la inhabilitación de la empresa de 3 a 5 años y la suspensión del acto.
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Los afectados señalaron que las autoridades de turno deben actuar conforme a la ley y denuncien este tipo de conductas, de
empresas extranjeras que quieren aprovecharse del panameño de a pie, que es quien finalmente con sus impuestos paga todo este tipo de contrataciones.
