La jornada de protestas en Veraguas terminó este lunes con 26 docentes aprehendidos, tras los enfrentamientos que se produjeron cuando unidades de la Policía Nacional dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes que marchaban pacíficamente contra la controvertida Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), aseguró en una entrevista posterior que todas las manifestaciones hasta el momento se habían desarrollado de forma pacífica, sin incidentes violentos. Sin embargo, relató que esta vez, mientras realizaban una caminata que debía culminar en la sede de AEVE, los agentes del Control de Multitudes atacaron de forma sorpresiva a los asistentes.
La movilización había comenzado con una asamblea general de docentes en las instalaciones de AEVE, seguida de un piqueteo frente a una agencia de la Caja de Seguro Social, para luego avanzar en una caminata que fue abruptamente disuelta. Los enfrentamientos se extendieron hasta la avenida central de Santiago, generando caos y múltiples detenciones.
La dirigencia magisterial de Veraguas condenó enérgicamente lo que calificó como "ataques injustificados", así como las aprehensiones y los golpes propinados a los manifestantes.
Durante la protesta, los líderes de AEVE también respondieron a las declaraciones recientes de la ministra de Educación, Lucy Molinar, criticándola por "echar más leña al fuego" en vez de resolver la crisis social que, según ellos, ella misma ha agravado. "La ministra debe entender que ella es parte del problema. Sus amenazas no hacen más que mantener al pueblo en las calles", afirmaron.
Luis Sánchez fue claro en su posición: los docentes no regresarán a clases mientras la Ley 462 no sea derogada y exigieron el cese de las amenazas. "La huelga sigue. Mañana desde temprano estaremos nuevamente en las calles", declaró.
El conflicto se mantiene en escalada, mientras gremios educativos y diversos sectores sociales insisten en su rechazo a la nueva legislación, que consideran lesiva para los derechos de los trabajadores panameños.
