Lima/EFE
En su objetivo de conservar los recursos naturales de sus territorios ancestrales, los pueblos indígenas de Perú y Panamá se preparan para utilizar drones que, por encima de la bóveda verde de la selva, señalen la contaminación y la deforestación que padecen sus bosques.
Las primeras imágenes de estas aeronaves se exhibieron esta semana en la vigésima cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP20), que se celebra en Lima del 1 al 12 de diciembre, y mostraron derrames petroleros en Pacaya Samiria, la mayor reserva natural de Perú, con dos millones de hectáreas.
Según relataron a Efe los responsables del proyecto, los vuelos de prueba registraron un derrame de petróleo en el oleoducto Yanayacu-Saramuro, de una explotación del Lote 8, concedido a la empresa argentina Pluspetrol Norte, cuyo vertido de crudo terminaba en el río Marañón que, en su encuentro con el Ucayali, forma el Amazonas.
Las imágenes fueron captadas en agosto durante el primer taller de manejo de drones para vigilantes indígenas que organizó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en la comunidad nativa de Kukama-Kukamiria.
"Nunca habíamos podido comprobarlo pero, con los drones, demostramos que las áreas naturales no están tan protegidas como se afirma y sus fotos sirven para cualquier tipo de justicia ambiental, ya que muestran los incumplimientos y violaciones de las normativas", dijo a Efe la especialista forestal de Aidesep, Wendy Pineda.
En la actividad, desarrollada con el apoyo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, también participaron representantes del pueblo Emberá de Panamá, quienes repetirán la experiencia en enero dentro de su territorio.
En Panamá, se espera que los drones contribuyan a determinar cuál es el área de bosque de cada comunidad y hacer cálculos sobre su respectivo potencial en la captura de carbono, uno de los pilares de la negociación de la COP20 en Lima para el nuevo acuerdo mundial que se firmará en 2015.
Por su parte, la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), está interesada en utilizar los drones para recolectar evidencias de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, "porque es la manera más sana de poder intervenir" y procurar que nadie ingrese a sus territorios, afirmó Pineda.
Las aeronaves cuestan unos 12.000 dólares, tienen un radio de acción de 16 kilómetros desde el control remoto y son capaces de volar a una velocidad de 60 kilómetros por hora, con un equipamiento compuesto por una cámara de acción Go-Pro y otra cámara fotográfica.
"Cualquier vigilante de las comunidades puede caminar un máximo de 6 kilómetros por día en la selva", y cuando llega a la explotación, "no puede ingresar porque las instalaciones están resguardadas por policías, pero el drone cubre mucho más espacio en pocas horas y capta imágenes muy reveladoras", aseguró Pineda.
Ahora el objetivo de Aidesep es apoyar a los nativos de Perú para que fabriquen sus propios drones y que al menos haya uno en cada una de sus 65 federaciones regionales.
"Así como los pueblos indígenas adoptaron tecnologías como el GPS para ubicar su territorio, ahora los drones servirán para mejorar la vigilancia de sus espacios", añadió Pineda.
Por su parte, la abogada Sara Omi, asesora legal de la comarca Emberá y de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), aseguró a Efe que la aplicación de los drones en Panamá servirá para conservar los territorios indígenas de la tala de madera, la minería, y "sobre todo, la deforestación".
"Es una herramienta para obtener información de manera rápida y tangible, que ayudará mucho a demostrar los niveles de deforestación, causada por la invasión de terrenos por parte de campesinos en los territorios nativos, que abarcan el 34 por ciento de la superficie del país", concluyó Omi.
