Manifestantes protestaron este lunes en la capital de Panamá para exigir a las autoridades "respuestas" y evitar que caiga en la impunidad el caso de los abusos sexuales y maltratos a menores en albergues, que ha conmocionado al país.
"Estamos protestando porque ni nos han dado respuesta, ni a ellos (los niños) se les ha dado tratamiento psicológico; también hicimos llegar a la Senniaf (Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) una petición con solamente cuatro puntos hace 20 días y no han respondido", dijo a Efe José Isaac González, fundador de la plataforma social "Sal de las redes".
La protesta en la que participaron varias decenas de personas se desarrolló pacíficamente en las inmediaciones de la sede de la Senniaf, la institución estatal que está en el ojo del huracán por ser la responsable de la supervisión de los albergues de menores en Panamá.
Los albergues en Panamá, medio centenar que albergan alrededor de 1.200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.
En su petición, "Sal de las redes" planteó la creación de un comité de expertos en derechos humanos y de salud para brindar mejor atención a los menores.
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También que el Ministerio de Salud cree un departamento especial para manejar los informes de las supuestas víctimas de abusos en los albergues, y que el Ministerio de Economía haga pública las partidas presupuestarias que necesita la secretaría.
Pero no han obtenido respuesta, según González y aseveró: "Seguiremos y continuaremos en las calles".
Los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, cerraron este lunes uno de los canales de la avenida Balboa, una de las más importantes de la capital panameña, obstaculizando el tráfico mientras entonaban cánticos y alzaban banderas.
Una subcomisión parlamentaria presentó a inicios de febrero pasado un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Hay testimonios de las supuestas víctimas de violación, según las cuales fueron atacadas por "religiosos" o cuidadores, y que incluso les hicieron abortar, como dijo a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez.
La Fiscalía ha dicho que hay 20 víctimas menores de edad y 18 investigaciones por este escándalo, que ha provocado multitud de manifestaciones a nivel nacional y un repudio social generalizado.
Hasta el momento, seis personas relacionadas con este caso han sido imputadas por delitos sexuales, maltrato a menores y peculado o malversación, todas ellas "mandos bajos", a juicio de Walkiria Chandler, diputada suplente a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y una de las que elaboró el estremecedor informe.
Uno de esos imputados, por actos libidinosos y corrupción de menores en perjuicio de una niña de 12 años en un albergue en 2018, ya fue hallado culpable y se espera que un juez lea en abril la sentencia por el caso, en el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel.
Desde hace semanas, las autoridades no han ofrecido nuevas informaciones sobre este escándalo, que recibe "un manejo político" opinó Chandler, que en declaraciones a Efe acusó a la Fiscalía de estar evadiendo a los involucrados "de alto perfil".
Por este caso ya renunció Eduardo Ulloa como fiscal general y Mayra Silvera como directora de la Senniaf, un cargo que había asumido este mismo año.
El mando de la Fiscalía lo asumió el fiscal general suplente, Javier Caraballo, quien ha acelerado los procedimientos de este caso.
