Servidores públicos despedidos por la Ley 25 de 1990, específicamente el caso Baena Ricardo y otros, protestaron en los alrededores de la Presidencia, ayer.
Manríquez Mejía, uno de los coordinadores del movimiento, exige que el Estado cumpla de manera integral la sentencia del 2 de febrero de 2001, que condenó al Estado por violar los derechos humanos, sociales, políticos y económicos de 270 exfuncionarios.
Mejía agregó que fueron atendidos por funcionarios de la Cancillería, y solicitaron la agilización del pago de 120 cuotas de la Caja de Seguro Social, correspondientes a 10 años de salarios caídos. Según Mejía, la entidad dará respuesta del pago este viernes.
