Fijan fecha de audiencia a diputado Lázarus por muerte de niña en Colón
El atropello ocurrió el pasado 27 de diciembre en la provincia de Colón.
El 12 de septiembre próximo es la fecha confirmada para la audiencia de formulación de acusación para el diputado Mario Lázarus, imputado por el delito de homicidio culposo agravado contra una menor de edad, informó hoy el Órgano Judicial (OJ).
La sesión será efectuada a las 10:00 a.m. en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señaló un tuit de la entidad en su cuenta oficial.
En este acto judicial se debatirán ante un juez de garantías los posibles vicios de nulidades, además de la admisibilidad o no de pruebas que pretendan las partes hacer valer en un juicio oral.
Previo a la fijación de la fecha, el pasado 17 de agosto, la magistrada fiscal Ángela Russo presentó el escrito de acusación en el término que corresponde y en cumplimiento del Código Procesal Penal.
El pasado 26 febrero, el Pleno de la Corte ordenó prohibir la salida del país sin autorización judicial al parlamentario, así como su reporte cada 15 días al despacho fiscal, retiro de pasaporte, la suspensión de la licencia de conducir y la aprehensión del vehículo de marca Ford Ranger, que conducía cuando atropelló a la joven.
Los hechos
El atropello que ocurrió el pasado 27 de diciembre en la provincia de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, dejó como víctima a una menor de 14 años, pero no fue hasta el día siguiente que el diputado del partido Cambio Democrático (CD-opositor) admitió estar involucrado.
Según versiones de la prensa local, el automóvil que arrolló a la menor se dio a la fuga, pero más adelante del lugar de los hechos fue retenido por la Policía, lo cual ha sido negado por el diputado.
Lázarus, médico de profesión e imputado el 16 de febrero por el delito de homicidio culposo, es el primer diputado panameño de la presente legislatura (2014-2019) que enfrenta a la justicia.
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La Constitución panameña establece que los diputados de la Asamblea Nacional solo pueden ser investigados y procesados por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que el Parlamento, a su vez, es el único ente con competencia para investigar y procesar a los magistrados del Supremo panameño.