Panamá/ACAN-EFE
La Procuradora de Panamá (fiscal general), Ana Belfón, dijo hoy que no quiere equivocarse y que por eso pidió una aclaración del fallo del supremo panameño que declaró inconstitucional el asilo otorgado en 2010 en este país a la exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado.
Según explicó a periodistas Belfon, su iniciativa en pedir una aclaración del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá radica en que no quiere cometer un error que le lleve a ser sancionada.
Belfon indicó que es por eso que quiere una aclaración de la Corte Suprema, considerando que el otorgamiento de asilo es un derecho inalienable del Estado panameño.
"Expresamente a nosotros nos interesa la aclaración de la Corte en ese sentido, porque precisamente es el Ministerio Público a quien le ordenan detenciones y yo no puedo incurrir en errores para posteriormente ser sancionada", expresó la fiscal.
El pasado 2 de junio Belfon dijo que funcionarios de la fiscalía general de Colombia le visitaron y le comunicaron que presentaron a la Interpol una solicitud para la detención de Hurtado, pero que "realmente en Panamá no hay una alerta roja" de captura.
Esa vez, la Procuradora de Panamá también señaló que desconocía el paradero de Hurtado, lo que reiteró esta semana.
La CSJ declaró el pasado 29 de mayo la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual se concedió el asilo a Hurtado y el fallo fue publicado el miércoles de la semana pasada y notificado un día después a las partes.
Los abogados que demandaron la inconstitucionalidad del asilo han señalado que, tras la notificación del fallo a las partes, el mismo quedaría en firme este pasado martes, dejando a Hurtado sin su condición de asilada.
Sin embargo, la aclaración solicitada por Belfon suspendió temporalmente el fallo con el que Hurtado perdía su asilo hasta que la CSJ responda la consulta de Belfon, lo que cual puede tomar unos 10 días, según explicaron fuentes jurídicas.
Además de Belfon, Hurtado, imputada en un caso de escuchas ilegales en su país en el Gobierno de Álvaro Uribe, también pidió este martes una aclaración del fallo que declaró inconstitucional su asilo, a través de su abogado panameño Raúl Olmos.
Ángel Álvarez, uno de los abogados que reclamaron la inconstitucionalidad del asilo, remarcó este miércoles a Acan-EFE que, "con la ayuda de la procuradora", Hurtado posiblemente pueda evadir la Justicia colombiana, que ya solicitó una vez sin éxito su extradición.
lvarez, junto a su colega Paulo Vega, presentó en mayo de 2011 el recurso de inconstitucionalidad contra el asilo otorgado a Hurtado, jefa del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana) entre 2007 y 2009, por considerar que la exjefa del DAS no era una perseguida política sino una delincuente común.
Hurtado debe responder ante la Justicia colombiana por varios delitos que se le imputan por su supuesta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Uribe.
La Procuradora de Panamá (fiscal general), Ana Belfón, dijo hoy que no quiere equivocarse y que por eso pidió una aclaración del fallo del supremo panameño que declaró inconstitucional el asilo otorgado en 2010 en este país a la exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado.
Según explicó a periodistas Belfon, su iniciativa en pedir una aclaración del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá radica en que no quiere cometer un error que le lleve a ser sancionada.
Belfon indicó que es por eso que quiere una aclaración de la Corte Suprema, considerando que el otorgamiento de asilo es un derecho inalienable del Estado panameño.
"Expresamente a nosotros nos interesa la aclaración de la Corte en ese sentido, porque precisamente es el Ministerio Público a quien le ordenan detenciones y yo no puedo incurrir en errores para posteriormente ser sancionada", expresó la fiscal.
El pasado 2 de junio Belfon dijo que funcionarios de la fiscalía general de Colombia le visitaron y le comunicaron que presentaron a la Interpol una solicitud para la detención de Hurtado, pero que "realmente en Panamá no hay una alerta roja" de captura.
Esa vez, la Procuradora de Panamá también señaló que desconocía el paradero de Hurtado, lo que reiteró esta semana.
La CSJ declaró el pasado 29 de mayo la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual se concedió el asilo a Hurtado y el fallo fue publicado el miércoles de la semana pasada y notificado un día después a las partes.
Los abogados que demandaron la inconstitucionalidad del asilo han señalado que, tras la notificación del fallo a las partes, el mismo quedaría en firme este pasado martes, dejando a Hurtado sin su condición de asilada.
Sin embargo, la aclaración solicitada por Belfon suspendió temporalmente el fallo con el que Hurtado perdía su asilo hasta que la CSJ responda la consulta de Belfon, lo que cual puede tomar unos 10 días, según explicaron fuentes jurídicas.
Además de Belfon, Hurtado, imputada en un caso de escuchas ilegales en su país en el Gobierno de Álvaro Uribe, también pidió este martes una aclaración del fallo que declaró inconstitucional su asilo, a través de su abogado panameño Raúl Olmos.
Ángel Álvarez, uno de los abogados que reclamaron la inconstitucionalidad del asilo, remarcó este miércoles a Acan-EFE que, "con la ayuda de la procuradora", Hurtado posiblemente pueda evadir la Justicia colombiana, que ya solicitó una vez sin éxito su extradición.
lvarez, junto a su colega Paulo Vega, presentó en mayo de 2011 el recurso de inconstitucionalidad contra el asilo otorgado a Hurtado, jefa del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana) entre 2007 y 2009, por considerar que la exjefa del DAS no era una perseguida política sino una delincuente común.
Hurtado debe responder ante la Justicia colombiana por varios delitos que se le imputan por su supuesta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Uribe.
