La Fiscalía de Panamá pidió este miércoles a la ciudadanía que denuncie hechos "claros" relacionados con el escándalo de los abusos sexuales y maltratos a menores en albergues para seguir avanzado en esta investigación compleja, que ha involucrado hasta ahora más de medio millar de entrevistas.
"Se le pide a la comunidad que de tener conocimiento claro y preciso de hechos que la Fiscalía pueda corroborar se acerquen" y pongan la denuncia, pues el ente judicial tiene la "obligación constitucional de investigar y luego acusar", dijo el fiscal superior de la Familia del área Metropolitana, Aurelio Vásquez.
La Fiscalía de Familia es una de las que investiga el caso de los abusos en los albergues sexuales y maltratos a decenas de menores que estalló a inicios de febrero pasado tras la difusión de un informe parlamentario, lo que ha conmocionado al país y mantiene a grupos civiles, especialmente de jóvenes, protestando.
Algunas supuestas víctimas de violación dicen haber sido atacadas por "religiosos" o sus cuidadores, y que incluso les hicieron abortar, relató a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez, quien ha asegurado que sigue recibiendo de la ciudadanía denuncias.
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Grupos civiles y también personalidades de la política denuncian una supuesta lentitud en las investigaciones, secretismo y que la Fiscalía puede estar evitando ir tras los personajes de "alto perfil" supuestamente involucrados en el caso, como dijo la semana pasada a Efe una de las redactoras del informe parlamentario, la diputada suplente Walkiria Chandler.
"Este tema de los albergues se ha mediatizado y se ha viralizado", lo que lejos de favorecer lo que hace es "crear una crisis en la comunidad, lo que flaco favor le hace a la investigación. Los tiempos de la investigación son diferentes a los mediáticos", afirmó Vásquez.
Se trata de una investigación compleja porque involucra a menores, muchos con algún grado de discapacidad, argumentó el fiscal.
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"Se han tomado 560 entrevistas a menores de edad a nivel nacional con la unidad de protección de víctimas y testigos. Eso no significa que esa sea la totalidad de menores" que se necesite escuchar, "pues hay algunos que por su edad no pueden explicar cualquier situación que sea de relevancia para el Ministerio Público y hay otros que por su discapacidad tampoco pueden declarar", añadió.
La Fiscalía de Familia ha inspeccionado 57 albergues a nivel nacional e investiga a cuatro en los que encontró "irregularidades", dijo Vásquez, que aclaró que otras fiscalías están involucradas y también hacen sus investigaciones, pues en este caso se presume de delitos "por maltratado al menor, agresión sexual, contra la administración pública".
Los albergues, alrededor de medio centenar que acogen a unos 1.200 menores en situación de vulnerabilidad según las cifras oficiales, son supervisados por la estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que está en el ojo del huracán por este escándalo.
Hasta el momento, se ha identificado a 20 víctimas menores, se desarrollan 18 investigaciones, hay seis imputados por delitos sexuales, maltrato a menores y peculado o malversación.
Uno de esos imputados, por actos libidinosos y corrupción de menores en perjuicio de una niña de 12 años en un albergue en 2018, ya fue hallado culpable y se espera que un juez lea la sentencia por el caso, en el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel.
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