La diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro continúa por parte del fiscal Javier Caraballo, titular de la nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, cuya creación fue anunciada ayer mismo por el Ministerio Público.
El registro comenzó a finales de la tarde del martes y pasadas las 03:00 hora local (08:00 GMT) de este miércoles los funcionarios de la Fiscalía permanecían en las oficinas del bufete, pudo constatar Acan-Efe.
El proceso se desarrolla en la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo, y en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento, indicó el martes la Fiscalía.
El objetivo es "obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas", de acuerdo a la información oficial.
La diligencia se desarrolla con el apoyo de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.
El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo.
La filtración masiva de documentos de ese bufete, proveedor de miles de empresas "offshore" a personalidades de todo el mundo, lo que ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos o lavado de activos, ha golpeado la reputación de Panamá, que a raíz del escándalo ha sido reinscrita por Francia en su lista de paraísos fiscales.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió el martes al país europeo que "reconsidere" es decisión y señaló que de persistir Francia en ese "error" tomará "medidas diplomáticas", que no precisó.
El Gobierno panameño sostiene que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados panameña, no del país, y ha señalado que en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la transparencia hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal.
