El Ministerio Público de Panamá (fiscalía) solicitó este domingo la detención provisional de 83 trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), arrestados en el marco de las recientes manifestaciones en contra de ley que busca reformar la Seguridad Social en Panamá y que derivaron en actos violentos.
La petición de detención provisional de la Fiscalía, según una fuente del Ministerio Público consultada por EFE, se da por «la seriedad de los delitos que se les imputan a los detenidos».
En el transcurso de la audiencia, que se inició desde el pasado viernes, según el comunicado del Ministerio Público, la jueza de garantías, una vez valorado los argumentos de las partes y a solicitud del Ministerio Público, dio por presentada la formal imputación a 83 ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos contra servidores públicos, la seguridad colectiva, el patrimonio económico, la libertad individual y la integridad personal.
Autoridades judiciales panameñas informaron este domingo a EFE que, tras la presentación de cargos y escuchar de ambas partes, la jueza de garantías decidió posponer la audiencia hasta el lunes a las 08:45 hora local (13:45 GMT), momento en el que se determinarán las medidas cautelares para los imputados.
La defensa de los acusados, integrada por 21 abogados, se ha enfrentado a los argumentos presentados por los fiscales.
Violentas protestas y reacciones
El Suntracs bloqueó el pasado miércoles un tramo de la Avenida Balboa, una de las arterias viales más concurridas de Ciudad de Panamá, en rechazo al proyecto de ley que reforma la Caja del Seguro Social (CSS), en discusión en el Legislativo.
La protesta acabó con más de 500 detenidos, la mayoría son obreros sindicados, y más de 15 heridos, agentes policiales, entre ellos uno por impacto de un bloque, después de violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el pasado jueves en su mensaje a la nación declaró que «estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley» y un gobierno dispuesto «a no permitir la anarquía pseudo sindicalista en este país y que lo tenga bien claro Saúl Méndez (el dirigente del Suntracs) y toda su garulilla (amigos)».
Méndez contrarrestó las declaraciones de Mulino, sugiriendo que el gobierno fue el responsable de planificar los enfrentamientos y reprimió selectivamente las manifestaciones.
