Por: Thays Domínguez
Corresponsal de Herrera
Tres representantes de la empresa Campos de Pesé, entre ellos su presidente y representante legal, recibieron medida cautelar de impedimento de salida del país y deberán notificarse una vez al mes ante el Ministerio Público, como resultado de la audiencia de imputación de cargos que se le practicó por la contaminación del río La Villa.
El ciudadano español Rafael González, presidente y representante legal de la empresa; Gustavo Melgara Palacios, gerente agrícola y oriundo de Nicaragua, y María Isabel Lao, ingeniera agrónoma herrerana encargada de las labores de fumigación, son las personas indiciadas por el Ministerio Público, en calidad de autores de la contaminación, por no ejercer labores de control que impidieran el vertimiento de la atrazina en el caudal del río La Villa.
Así lo dio a conocer la fiscal de Circuito Enereida Barrías, quien en representación del Ministerio Público, solicitó a la Jueza de Garantías, Julissa Saturno, la imputación de los representantes de la empresa como responsables por la llegada en grandes volúmenes de la sustancia al río, lo que causó la contaminación del agua potable.
Los indiciados fueron acusados como autores de los delitos en contra del ambiente y el ordenamiento territorial, así como por delitos relacionados a la Salud Pública, los cuales podrían conllevar una pena de prisión de entre 4 y 10 años.
La fiscal de la causa reveló que durante una toma de muestras realizada el pasado 24 de junio en el drenaje del lote 21 de la finca Las Cabras, propiedad de Campos de Pesé, se encontró un nivel de concentración de atrazina de 4,983 partes por billón (PPB), y de 2,131 (PPB) en el drenaje próximo a la quebrada Pesé, que desemboca en el río La Villa.
Estos niveles muy por encima de los permitidos por los organismos internacionales, sumados a la gran cantidad de vinaza que todavía se acumula en lotes pertenecientes a la empresa, son algunas de las pruebas que fueron presentadas para la obtención de la medida cautelar, misma que no fue objetada por los abogados defensores.
Continuaremos investigando, aunque la investigación está bastante completa pero por ser un tema complejo tenemos otras diligencias que queremos realizar, y hay que seguir supervisando y ejerciendo controles de monitoreo a esta empresa, indicó Barrías.
La empresa recibió una autorización por tres días para realizar medidas de mitigación ya que se acreditó que mantienen fisuras en las tinas de almacenamiento de vinaza, para evitar causar más daños y contaminación al río.
En las muestras presentadas por la fiscalía también se señaló la presencia en seis lugares de agentes microbiológicos, entre ellos la bacteria e-coli, causante de enfermedades como gastroenteritis, meningitis, e infecciones del tracto respiratorio, piel y ojos.
La audiencia, realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Herrera, tuvo una duración aproximada de dos horas, lapso suficiente para que la fiscal expusiera la investigación realizada, y se decretara por ende las medidas cautelares.
En las afueras, un grupo de personas se manifestó para solicitar el cierre definitivo de la empresa, y expresaron su descontento ya que consideraron que las medidas otorgadas a la empresa no fueron suficientemente estrictas para el daño ecológico causado a la población de Herrera y Los Santos.
Olmedo Sáez, vocero del movimiento Salvemos al Río La Villa, aseguró que fue desagradable escuchar la forma como la empresa realizó la contaminación, con cifras alarmantes de presencia de atrazina.
Los miembros de la sociedad civil anunciaron que mantendrán sus protestas y marchas hasta lograr el cierre definitivo de la empresa.
