El Gobierno de Panamá reconoció hoy que tipificar el fraude fiscal como un delito penal es un tema que está "pendiente" y que podría ser abordado próximamente, ya que se lo han recomendado distintos organismos internacionales.
"Es un tema que Panamá va a tener que empezar a evaluar y debatir", admitió el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, tras participar en una reunión con miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El Gafilat, que es el brazo latinoamericano del Gafi y agrupa a 16 países del continente, comenzó hoy una visita "in situ" de 10 días para evaluar si son efectivas las normas aprobadas por Panamá para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La delegación del organismo internacional se reunirá hasta el 26 de mayo con distintas instituciones panameñas, entre ellas el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, y en diciembre de 2017 emitirá un informe final para decidir si vuelve a considerar a Panamá un país no cooperador.
El ministro panameño indicó además que empezar a considerar la evasión fiscal un delito penal y no una falta administrativa, como ocurre actualmente, es una recomendación que han extendido otros organismos internacionales, aparte del Gafi, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Foro Global de la OCDE o la ONU.
La semana pasada el relator especial de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, instó a Panamá a penalizar "sin dilación" la evasión fiscal, ya que en su opinión la gran mayoría de los flujos ilícitos del mundo provienen de operaciones que evaden el fisco.
De la Guardia dijo que el Gobierno planea hacer un "estudio comparativo" sobre la legislación de países vecinos, convocar un "debate nacional" para evaluar la conveniencia de penalizar la evasión fiscal y, tras el debate, preparar un proyecto de ley.
El ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, indicó por su parte que el proyecto debería ser discutido en el Parlamento durante el siguiente periodo legislativo, que empieza en julio de este año, y abogó por "mejorar la recaudación tributaria", ya que Panamá tiene una de las más bajas de la región.
