Pese a que ya se canceló el préstamo de siete millones de dólares, que aprobó el entonces presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini, el gobierno insiste en perseguir a este y otros cuatro empresarios, allegados al exmandatario Ricardo Martinelli.
Esta es la conclusión a la que llegan diferentes fuentes del sector político y jurídico en Panamá.
En este sentido, el exprocurador Rogelio Cruz, señaló que es evidente el sezgo de persecución y que detrás hay mucho interés político y económico.
"No cabe duda de que es un caso más de persecución, y no me extraña que vengan otros más", señaló Cruz.
Cruz también comentó que esta es otra forma más de presionar a figuras ligadas al exmandatario panameño Ricardo Martinelli, a quien el gobierno de Panamá giró una orden de extradición.
La mañana del viernes, Gustavo Him, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) aceptó que la deuda con la CA ya fue saldada.
Al respecto, Carlos Carrillo, apoderado legal de Francolini, aseguró que todo indica que no existe perjuicio por parte de su defendido, pues los propios funcionarios de la actual administración, han reconocido que se validó el pago.
Sí es cierto y se ha comprobado por los medios de comunicación que el préstamos se pagó; segundo la vía normal, de conducir a una persona que no tenía conocimiento de ser parte de un proceso, y sin haberlo citado y emitido boletas como en otros casos, genera una actuación no usual, destacó.
En cuanto a la presunta presencia de miembros del Consejo de Seguridad en el interrogatorio a Francolini, Cruz y Carrillo fueron enfáticos.
"En un proceso de ingadatoria, según la ley, deben estar presentes el fiscal del caso, personal de secretaría, el sindicado, su abogado, un abogado querellante si lo hubiése... pero aparte, no se explica la presencia de otras personas en un interrogatorio", concluyó Cruz.
Carrillo denunció que el día de la indagatoria fue expulsado de las oficinas de la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuestos integrantes del Consejo de Seguridad.
Sobre esta anomalía, ninguna autoridad del Ministerio Público se ha pronunciado.
