Brenda Ducreux
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La demora en la entrega de la ampliación del Canal de Panamá, los daños de estos trabajos y los sobrecostos preocupan a la ciudadanía.
Específicamente, esto motivó al abogado Juan Carlos Araúz a presentar una denuncia penal por fraude contractual y falsedad ante la Procuraduría General de la Nación a Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que está liderado por la empresa española Sacyr.
Y es que en declaraciones propias del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, se hace alusión a que existen reclamos que podrían sumar los 3,500 millones de dólares por parte de la empresa española a la ACP, que no tienen sustentos, manifestó el jurista.
Araúz dijo que esto representa que el Estado sufra algún tipo de perjuicio en el sentido de que el contrato comercial no puede amparar conductas así, pues deben ser revisadas a la luz de la legislación penal y el Estado panameño.
La ACP no puede consentir reclamaciones que están vestidas del engaño y de ilegalidad. aseveró.
El también vicepresidente del Colegio de Abogados aduce que se mantendrá vigilante para ver si este tema de interés estará ante la Fiscalía de Anticorrupción, o incluso, si descansará en el despacho de la procuradora.
Maribel Gordón, vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia, añadió que la deficiencia por parte de la ACP al final será asumida por la sociedad panameña. Dejaremos de percibir recursos para pagar esos sobrecostos.
Está en ascuas la terminación de este proyecto, pues ha sido un negociado. Nosotros hemos exigido una investigación profunda para que se tomen los correctivos necesarios, dijo la también economista.
Mientras, el sociólogo Vicente Martínez aportó que la ACP debe mantener informada a la población de los avances y problemas que se tienen a lo interno, ya que hasta ahora han manejado el Canal como una república dentro del país.
Recordó que, a pesar de que los panameños también somos accionistas, prefieren guardar silencio.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sostiene que es inaceptable que finalicemos otro año con sobresaltos en el proyecto de ampliación de la ruta interoceánica, producto de reclamos no contundentes por parte del contratista, que pone nuevamente en riesgo esta importante obra.
Para la CCIAP, los retrasos en el inicio de operaciones de la nueva vía marítima, producto de diferencias entre la ACP y GUPC, pone en riesgo la imagen del Canal de Panamá y la nación, sin mencionar la pérdida de ingresos que dejará tal atraso.
Y es que la apertura de la ampliación del Canal de Panamá debió estar lista en octubre de 2014 , sin embargo, el daño encontrado en las nuevas esclusas retrasó una vez más la fecha, el cual podría ahora extenderse hasta mayo de 2016.
El administrador de la vía interoceánica, Jorge Quijano, en reunión con el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, detalló los avances de la obra, explicó que registra un avance del 96 %.
También dijo que seguirán defendiendo los intereses de la ACP ante los reclamos del consorcio y que presionarán para que se cumplan todos los tiempos acordados.
día a día trató de contactar a voceros de la empresa GUPC, pero se nos comunicó que por el momento no se pronunciarán.
La noche del miércoles, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, de manera unánime, una resolución en la que exige al consorcio GUPC concluir el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, dentro del plazo establecido para el presente año.
Guerra por el Canal
Debido a la existencia de precios inflados y reclamaciones sin sustento por parte de GUPC, abogado presentó un a denuncia penal. La obra debió estar lista en enero del 2014.
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Brenda ducreux
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