El día de hoy, la Defensoría del Pueblo (DDP) presentó el Informe de Inspección de Centros Educativos 2024, a cuatrocientos cuarenta y nueve (449) centros educativos a nivel nacional, para verificar el estado de las mismas al inicio del año lectivo 2024.
De acuerdo con la información recabada, en muchos de los centros educativos inspeccionados por personal de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), persisten las condiciones de años anteriores, que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje.
El informe reveló varios problemas específicos como: la falta de accesibilidad, y la presencia de infraestructuras inadecuadas, un problema que afecta al 91% de los casos estudiados. Además, se observó una ausencia notable de servicios básicos como el agua potable.
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De igual forma, el 65% de las áreas evaluadas continúan enfrentando problemas con el suministro eléctrico. También subrayó la necesidad urgente de incrementar el personal docente y administrativo para mejorar el manejo del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE
Ante los hallazgos en dicho informe, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, recomienda al Ministerio de Educación, priorizar la erradicación de las aulas ranchos, la contratación del personal docente en todos los centros educativos a nivel nacional, antes de que inicie el año lectivo y garantizar que todos los centros educativos tengan acceso de calidad, constante e ininterrumpido de servicios básicos como agua potable, electricidad y conexión a internet.
Se pide reforzar programas de inclusión para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, en los centros educativos. Al mismo tiempo, se propone la implementación de gabinetes psicopedagógicos que brinden atención temprana con personal especializado, garantizando una atención efectiva a los estudiantes en el aula regular, puesto que el 76% de las escuelas no cuentan con esta atención.
Además, se insta a las autoridades a exigir la entrega oportuna de bienes o servicios contratados y a ejecutar las fianzas de cumplimiento para proteger los intereses del Estado. También se hace reitera el llamado a la Cámara Panameña de la Construcción, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y demás gremios a que sensibilicen a sus agremiados en cuanto al gran número de obras y contratos no terminados.
