La Ley Olimpia llega a Panamá: El delito de difundir contenido íntimo sin consentimiento ya tiene castigo
Esta nueva legislación marca un antes y un después en el reconocimiento de la violencia sexual digital en el país.
Con una votación unánime de 47 votos a favor, Panamá dio un paso histórico en la protección de los derechos digitales y la privacidad de sus ciudadanos al aprobar la Ley Olimpia.
Esta nueva legislación tipifica como delito la difusión de contenido sexual sin consentimiento, marcando un antes y un después en el reconocimiento de la violencia sexual digital en el país.
Impulsada por la activista mexicana Olimpia Coral, quien fue víctima de este delito en su natal Puebla, México, y respaldada en Panamá por la diputada Yarelis Rodríguez, la ley es el resultado de años de lucha por visibilizar y penalizar la violencia que ocurre en entornos digitales.
A través de sus redes sociales, Olimpia celebró la aprobación de la ley en Panamá.
En Panamá, la Ley Olimpia fue presentada con el apoyo de la diputada Yarelis Rodríguez, quien trabajó para que la violación a la intimidad sexual fuera reconocida en la legislación del país. Tras tres debates, la propuesta fue aprobada por unanimidad.
El trabajo para lograr este avance en Panamá fue impulsado inicialmente por la organización IDEA Internacional Panamá y el Tribunal Electoral, quienes generaron espacios de discusión en torno a la violencia digital, un problema que apenas comienza a ser abordado en los códigos penales de la región.
El impacto de la Ley Olimpia ha sido global. En 2023, Argentina promulgó una legislación similar, la Ley 27.736, que incorporó la violencia contra las mujeres en entornos digitales a su Ley 26.485 de violencia de género. La ley argentina, conocida también como “Ley Belén” en honor a Belén San Román, una víctima de violencia digital, permite que la justicia ordene la eliminación de contenido digital que cause daño a las víctimas.
Colombia también sigue los pasos con una iniciativa similar en proceso. Allí se propone la “Ley Olimpia” para modificar la Ley 1257 de 2008 y el Código Penal, con el fin de sancionar la creación, difusión y distribución no consentida de material íntimo.