Las autoridades panameñas informaron este lunes de que un grupo de migrantes que se dirigían a Norteamérica y permanecen varados en Panamá a causa del cierre de fronteras por la pandemia de la COVID-19 protagonizaron "actos vandálicos" en dos albergues y que se analiza su posible deportación.
Más de 2.500 migrantes irregulares, sobre todo haitianos, cubanos y de países africanos y asiáticos, están en albergues fronterizos panameños en condiciones de hacinamiento, y ya antes han protagonizados desórdenes para presionar para que se les deje seguir su viaje hacia el norte del continente.
El Servicio Nacional de Migración dijo este lunes de que un grupo de migrantes "protagonizaron los actos de protesta y daños" en La Peñita, un albergue situado en la zona fronteriza con Colombia, y Lajas Blancas, otro ubicado cerca de la zona limítrife con Costa Rica.
"Quemaron una de las toldas de atención de salud, ocasionaron graves daños en algunas estructuras, así como a vehículos particulares y otros", precisaron las autoridades.
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Se había reforzado la vigilancia
Los daños "se calculan en más de 10.000 dólares" y las autoridades migratorias panameñas citan que según las normas nacionales "estos casos podrían definirse por expulsión (...) sin que (el afectado) pueda ingresar nuevamente".
"Si se toma la medida de deportar a estos migrantes, su salida del país se dará respetando los convenios internacionales firmados con distintos países, y según lo determina el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008", indicó la oficina se Migración en un comunicado.
El pasado 3 de junio las autoridades panameñas informaron de que habían reforzado la vigilancia en el albergue de La Peñita luego de que un grupo de migrantes amenazaran con prender fuego al lugar si no los dejaban continuar su viaje.
El cierre de las fronteras por la pandemia frenó la llegada de los migrantes irregulares a Panamá procedentes de Suramérica, pero desbordó el programa de atención que aplica el país, conocido como flujo controlado, ya que dejó varados a los más de 2.500 que se encontraban ya en suelo panameño.
A finales de mayo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) urgió a Panamá a garantizar el derecho a la salud sin discriminación a los migrantes en Darién, donde se reportaron casos de COVID-19.
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Las autoridades panameñas reconocieron el problema de hacinamiento y anunciaron planes para construir un albergue modular o de campaña con capacidad para 500 personas en Darién.
Panamá "ha estado haciendo más que cualquier otro país (...) solo Panamá y Costa Rica atienden a los migrantes" irregulares, "les damos alimentación y servicios de salud", defendió en junio la directora de oficina de Migración panameña, Samira Gozaine.
