Analizar los avances del Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas, fue uno de los objetivos de la reunión que sostuvo la ministra del Ministerio de Gobierno (Mingob), María Luisa Romero, con Alberto Brunori, Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el encuentro, la titular de Gobierno indicó que con el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, la institución a su cargo, con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, realiza esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios en Panamá.
Destacó Romero que es muy importante que entidades como el Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acompañen estos esfuerzos, brindando asesorías y recomendaciones en las sesiones de la mesa de autoridades indígenas.
Igualmente, su participación en este programa es una garantía para que las acciones que se ejecuten, trasciendan en el tiempo y se pueda alcanzar metas tales como: la ejecución de proyectos sostenibles en sector de agua y saneamiento en comarcas y comunidades indígenas, el fortalecimiento de la gobernanza, y el desarrollo de los sectores de salud y educación incorporando elementos interculturales, acoto Romero.
Por su parte, el representante regional para América Central del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que luego de este encuentro, la entidad internacional estudiará los documentos sobre los avances del Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas para brindar sus recomendaciones desde un enfoque de derechos humanos para que opere de forma efectiva.
Durante la reunión también se dialogó sobre los programas que actualmente se ejecutan con el auspicio de agencias de la ONU en Panamá a proyectos como el plan de Reforma Penitenciaria que lleva adelante el Mingob a través del Sistema Penitenciario, así como en proyectos del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, la implementación de la Ley que incorpora la Justicia Comunitaria de Paz; la elaboración del proyecto de Ley, aprobado en la Asamblea Nacional (AN), que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros temas.
