Redacción Web Día a Día
Con la finalidad de enfrentar el problema de la droga, el Ministerio de Seguridad Pública, puso en ejecución acciones tendientes a un aumento del pie de fuerza, capacitaciones, operaciones, compra de equipos, fortalecimiento e implementación de programas de prevención y resocialización.
El objetivo de la actividad está enmarcado en dar tratamiento supervisado a los infractores con adicción a las drogas, reducir la población penal con estos problemas y reinsertarlos a la sociedad, así lo aseguro, Rogelio Donadío, viceministro de Seguridad Pública, durante la inauguración del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas en Panamá.
Entre las acciones realizadas para
enfrentar este delito están: el incremento del pie de fuerza del
Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en las zonas litorales e insulares,
tres nuevas estaciones aeronavales y dos patrulleras marítimas, para el
despliegue de operaciones, de vigilancia, detección, persecución y
captura.
Se han realizado 29 operaciones aéreas y navales en áreas costeras, lo cual ha dado como resultado la incautación de 12 mil 17 kilos de drogas, de los cuales 11 mil 812 kilos era cocaína y 295 kilos, marihuana, explicó el viceministro Donadío.
EL Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ingresó con 75 nuevas unidades para reforzar la vigilancia en las áreas fronterizas, nuevas tecnologías como cámaras de vigilancia y escáneres.
El Viceministro detalló que se han fortalecido programas de prevención y se implementaron otros como Barrios seguros con más oportunidades y mano firme, dirigido a resocializar a jóvenes andilleros y alejarlos del mundo de las drogas.
Esta actividad, que se realizará en ciudad capital durante tres días, fue organizado por la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con las Drogas (Conapred) y por la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el acto inaugural también tuvieron la oportunidad de intervenir el embajador de la OEA en Panamá, Pedro Vuskovic, el viceministro de Salud, Miguel Mayo Di Bello, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado y la procuradora general de la Nación, Ana Belfon.
