"Tenemos la esperanza de que aquí a principio del otro año haya una publicación sobre qué se va a hacer. Por parte de la empresa nos dejaron en claro que se ha estado tratando con ellos y tiene la disposición de que se cumpla lo que viene"; dijo Bolívar González, ingeniero de calidad en Cobre Panamá, la mina ubicada en la provincia de Colón; refiriéndose a las negociaciones que mantiene la empresa con el Estado panameño, que buscan mejores condiciones para ambas partes.
González comentó que estas negociaciones mantienen un ambiente de incertidumbre entre los colaboradores; así lo confirmó Francisco Díaz, representante de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá Utramipa, porque se piensa en cómo van a quedar una vez se concreten los acuerdos con el Estado, pues solo se habla del tema de regalías entre empresa-Estado, y son miles de plazas de empleo en juego. Aunque Díaz aseguró que las negociaciones tienen una responsabilidad con los trabajadores y buscan lograr un balance entre las mejores condiciones para el Estado, sin comprometer los empleos formales que genera la mina y lo que cotizan en la Caja de Seguro Social CSS.
Horacio Gordillo, también colaborador de Cobre Panamá, consideró que se debe ser cuidadoso al hablar de cerrar la obra de Cobre Panamá, porque se trata del sustento de muchas familias panameñas y de un proyecto "que hace crecer al país, porque estamos exportando un mineral importante".
Específicamente, se trata de 39 mil empleos formales, $600 millones anuales en compras locales a 1,850 proveedores, y contribuciones en construcción de calles, electrificación, educación y otros; sectores que hoy sienten la tensión por el debate generado.
Por lo anterior, el consultor laboral, René Quevedo dijo que no solo se habla de una negociación entre dos partes; pues se debe entender que se trata de la mayor inversión extranjera hecha en Panamá, que genera plazas de trabajo.
El fallo
Las negociaciones que hoy lleva el proyecto minero con el Estado surgieron tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia CSJ en 2018, que declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 con el Estado, que dio vida a los trabajos en la zona; al considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública. Sin embargo, la empresa siguió operando, porque precisamente en 2018, cuando se dio el fallo, el Ministerio de Comercio e Industrias Mici, como responsable de la explotación de los recursos minerales, comunicó que el contrato de concesión minera firmado en 1996 y su posterior prórroga de 20 años, se mantiene vigente en todas sus partes. El fallo únicamente declaró en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 25 de febrero 1997 y no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión; lo que significa que la declaratoria de inconstitucionalidad no influye en los derechos ya adquiridos por la empresa; por eso el contrato sigue vigente hasta el año 2037; de acuerdo con abogados consultados.
Según el abogado Pedro Meilán, la prórroga plazo para continuar la obra, que le dio el Mici a la empresa, después del fallo de la CSJ, es porque, "una cosa no tiene que ver con la otra".
"Cuando las leyes son declaradas inconstitucionales, las mismas no tienen efecto retroactivo, y los derechos adquiridos, con respecto a lo que creó esa ley, permanecen vigente, no se pierden", explicó Meilán.
El también abogado, Edgardo Molino Mola, aseguró que se trata de un problema técnico jurídico que no todo el mundo puede comprender. Para evitar estos escenarios, Molino Mola dijo que falta legislar sobre los contratos leyes para poder desarrollar de manera legislativa los objetivos y finalidades de dichos contratos.
Publicación en Gaceta
Las decisiones de la Corte se deben publicar en la Gaceta Oficial, sin embargo, en este caso, aún no se ha hecho. Al respecto, Molino Mola detalló que tradicionalmente los fallos y las leyes se han demorado en publicar en la Gaceta, pero consideró que se debería crear una gaceta judicial para que la Corte pueda publicar en tiempo sus fallos que la Constitución y las leyes les obliga hacer.
Sobre si la publicación en Gaceta o el anuncio del Mici en el Gobierno anterior afectaría la vigencia del contrato, Molino Mola recordó que los fallos en materia de leyes no tienen efecto retroactivo ni afectan las situaciones anteriores cumplidas, así como los derechos adquiridos por el contrato.
Mientras, Meilán comentó que si los términos de la justicia fueran más rápidos y los fallos se dieran en un año o menos, no se tendrían panoramas como este, donde una empresa hizo una inversión de casi 7,000 millones de dólares "y ahora resulta ser que quieren interpretar que la inconstitucionalidad de la ley anula el contrato", nueve años después.
