El caso New Business siempre fue visto en el seno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como una campaña de intimidación contra la línea editorial de los diarios de Editora Panamá América (Epasa), que se confirma con el fallo en primera instancia de la juez Baloísa Marquínez.
A pesar de que la exprocuradora Kenia Porcel dijo a finales de junio de 2017 que la investigación no estaba dirigida contra la labor informativa de ningún medio de comunicación y que no se afectaría la actividad que desarrollan los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, el fallo de Marquínez plasma todo lo contrario ante el silencio del Ministerio Público.
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Y es que la juez ordena la disolución de las empresas del grupo editorial, a pesar de que, como sociedad jurídica, jamás fue mencionada en el expediente.
La 'expropiación' de las empresas por parte del Estado, como parte de la resolución, es un hecho que ha levantado alarma en la SIP, así como en gremios locales relacionados con el periodismo, que advierten una abierta violación a la libertad de expresión.
En su asamblea general celebrada en octubre de 2017, la SIP se refirió al caso New Business, como una manera de intimidar a Epasa, "debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción (del gobierno de Juan Carlos Varela) que han publicado".
En visita que realizó una misión de la SIP a Panamá en septiembre de 2017, directivos de Epasa le explicaron las acciones que había emprendido el Gobierno de Varela contra el grupo editorial, que fueron desde alcances financieros por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta las campañas de intimidación por parte de diputados y representantes del Ejecutivo.
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Con anterioridad, el foro regional estuvo advertido de procesos judiciales y acoso cometidos hacia directivos del grupo editorial y de la televisora Nex, que llegaron al punto de judicializar la adquisición de Epasa con el propósito de controlar su línea editorial.
Luego de comprobarse el objetivo del juicio, tras el comiso de los diarios de Epasa por parte del Estado, la SIP dejó claro que el control estatal no es garantía del respeto a la libertad de expresión.
"La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información", detalla la organización en un comunicado divulgado un día después de la decisión judicial.
Más ataques
El caso New Business no solo siguió durante este Gobierno, sino que además se denunció la existencia de una red a lo interno del Ministerio Público para cambiar testimonios en contra de Ricardo Martinelli.
A inicios de 2022, Panamá América denunció que la supuesta estructura de abogados y fiscales, liderada por William Moore, habría permitido a empresarios judíos y panameños quitarse la imputación en esta investigación a cambio de dinero y hacer acusaciones falsas contra el expresidente y hoy candidato presidencial.
Moore es hermano de Zuleyka Moore, una de las fiscales utilizadas por Kenia Porcell para armar expedientes contra Martinelli y sus allegados y que es enemiga manifiesta del político y empresario.
Luego de lo ocurrido en la audiencia, en la que se denunció una serie de hechos que violan el debido proceso, como la no comparecencia de los testigos protegidos para ser interrogados por la defensa, los abogados de Martinelli concuerdan en que el objetivo era tomar el control de la línea editorial de estos medios críticos a la gestión del actual gobierno.
"Si aquí dicen que un juez penal, al momento de dictar sentencia sin que la compañía sea parte del proceso, puede desaparecer tres medios de comunicación, que me digan que así es que se puede desaparecer canal 2, canal 13 y todos los demás periódicos que hay en el país", expresó el abogado Alfredo Vallarino.
A su vez, gremios de periodistas cuestionan que esta decisión judicial ocurra en medio de una coyuntura electoral en la que está el juego el destino del país para los próximos cinco años.
"Este fallo también indica que la casa editorial pasará eventualmente a manos del Estado una vez quede en firme la sentencia, situación (que) resulta aún más preocupante por la coyuntura electoral que vive el país", señaló el Colegio Nacional de Periodistas (Conape).
En los próximos días se presentará un escrito ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo perjudicial del fallo de la juez Marquínez, para que este organismo se pronuncie.
