Este 3 de Noviembre de 2023, en medio de la peor crisis de su Gobierno, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó hoy Ley 407 de 2023, "Ley de Moratoria", la cual prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional.
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La firma del presidente ocurrió minutos después de que en un proceso expedito, producto del consenso previo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley.
La norma recibió 63 votos favorables, mientras que dos diputados se abstuvieron.
El proyecto 1110 queda de la siguiente manera:
Artículo 1. En concordancia con el principio precautorio, que implica el deber del Estado de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación, se declara una moratoria por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones para la realización de actividades de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional.
Artículo 2. Lo dispuesto en el artículo anterior conlleva que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no podrá otorgar concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en la República de Panamá, y que rechazará de plano toda nueva solicitud presentada para la obtención de dichas concesiones, a partir de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 3. A partir de la promulgación de la presente Ley, quedarán rechazadas todas las solicitudes en trámite para la obtención de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos y el Ministerio de Comercio e Industrias dispondrá el archivo de estos expedientes dentro de un término de tres meses siguientes a su promulgación.
Artículo 4. Ninguna concesión de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos será renovada o prorrogada a partir de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
La aprobación de esta normativa tomó tres días adicionales en sesiones extraordinarias, que solicitó el Ejecutivo para su discusión. La misma incluyó amplios debates y consensos entre las bancadas que componen la Asamblea y que permitió -entre otras cosas- que se eliminara lo concerniente a la derogación de la Ley 406, que se refiere al contrato-ley de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Esto se hizo para dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el análisis de la constitucionalidad o no de la referida Ley, a fin de contribuir con el mejoramiento del clima de paz para el país.
De hecho, tras su firma, Cortizo escribió: "Con el respeto debido a la separación de los poderes del Estado, esperemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
