Organizaciones de la sociedad civil ambiental se pronunciaron este 2 de noviembre de 2020, a fin de hacer un llamado al presidente de la República de Panamá para que vete - parcialmente-, el proyecto de ley 131 de Pesca y Acuicultura por tener vicios y retrocesos para el país en cuanto al cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por Panamá, así como se desmejoran las condiciones establecidas previamente en la legislación local.
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Los firmantes de una Carta Abierta al Presidente, piden el veto parcial para que el proyecto de ley sea revisado y acondicionado a las exigencias del mercado, el ambiente y de las comunidades pesqueras, porque solo así se garantizará el ordenamiento de la actividad para el beneficio de todos los pescadores, y no sólo de unos cuantos, por lo que se solicita que enueva ley sea inclusiva y equitativa para todo el sector.
Parte de lo que se destaca en la carta es que el proyecto de ley 131 incluyó temas positivos y necesarios para el sector pesquero y acuícola, sin embargo, el trabajo participativo realizado en subcomisión evolucionó en forma inesperada y desafortunada durante los debates en la Asamblea Nacional, introduciendo en el proyecto de ley modificaciones que concluyeron en una versión adecuada, si no, en una con errores de redacción, serias omisiones y disposiciones retrógradas.
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La carta está dividida en tres puntos prioritarios que se deben corregir y abordar en la nueva ley: debilita a la institución rectora y su capacidad sancionatoria, reduce la Transparencia y la participación pública y mantiene vacíos del Decreto Ley 17 de 1959.
Al final de la nota, la unión de las ONG´s y científicos afirman que, como primer ciudadano de Panamá, el presidente Laurentino Cortizo, ponderará esas deficiencias del Proyecto de Ley 131 de 2020 aprobado en la Asamblea Nacional y antepondrá los mejores intereses del país.
Esta Ley que nació de una necesidad y aporta elementos importantes para cumplir con temas que requieren regulación, queda empañada en su contenido cuando en su debate final, apresurado y no inclusivo, incluyó serias imprecisiones y desaciertos que llevan a que nuestro país incumpla con el Principio de No Regresión Ambiental, que incumpla con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que incumpla con normas de transparencia y participación exigidas por el comercio internacional y abre ventanas para que Panamá sea una vez más sancionado con calificaciones internacionales, que afectarán no solo nuestra imagen, sino nuestras posibilidades de competitividad y credibilidad como socio comercial responsable, concluye la carta.
