ACAN-EFE
La época de la confrontación y la violencia hacia los pueblos indígenas ha sido superada en Panamá, donde el Gobierno ha colocado entre sus prioridades a esa población de más de 400.000 personas que supone el 12 por ciento del censo panameño.
Así lo aseguro hoy el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido como tal el 23 de diciembre de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Henríquez destacó en un comunicado que "la época de las confrontaciones y la violencia quedó atrás y que este gobierno tiene como prioridad a la población indígena, que ha sido rezagada por mucho tiempo".
El ministro panameño aseguró que el Gobierno de Panamá ratificará el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales, aunque no especificó fecha.
Por su parte, la viceministra de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, exhortó "a la unión y el trabajo conjunto entre dirigentes, instituciones y el gobierno en general, con el único afán de llevar adelante los planes y programas que redunden en beneficio de nuestros pueblos".
Gallego reiteró su compromiso de dar "fiel cumplimiento y seguimiento" a los planes del presidente, Juan Carlos Varela, para atender "las demandas de nuestros 7 pueblos originarios en temas como: la ratificación del convenio 169 de la OIT, la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico Integral, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y otros".
"Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los pueblos indígenas" es el lema con el que Naciones Unidas celebra hoy el día de los indígenas instando a "la puesta en práctica de políticas y programas a nivel nacional e internacional, en las que colaboren los gobiernos, la ONU, los pueblos indígenas y todos los sectores involucrados".
En Panamá existen siete pueblos indígenas: Ngbe, Buglé, Gunas, Emberá, Wounnan, Naso y Bri Bri.
Según el Censo del año 2010, la población indígena en Panamá es de 417.559 habitantes y representa el 12.03 % de la población panameña.
La legislación sobre los territorios y comarcas indígenas en Panamá establece la propiedad y uso colectivos de las tierras, las cuales están consideradas "inembargables e inadjudicables".
Pero a pesar de las buenas intenciones del Gobierno, en Panamá hay abiertos varios frentes en los que indígenas reclaman que no se respetan sus derechos y tierras y cada cierto tiempo se producen enfrentamientos con agricultores que invaden sus tierras y en los campamentos en los que protestan contra el desarrollo de varias obras de infraestructura en sus tierras.
El último de estos enfrentamientos se produjo en abril pasado entre indígenas y la Policía Nacional de Panamá en la localidad rural de Kiat, al oeste de la capital, y dejó al menos siete heridos, tres de ellos agentes, y la destrucción de un campamento a orillas del río Tabasará, en Chiriquí, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital panameña.
Indígenas de la comarca Ngbe Buglé se habían instalado a orillas del río Tabasará en rechazo a la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco, ya que consideran que el lago que se creará afectará a tres comunidades ancestrales aguas arriba.
Periódicamente, activistas y organizaciones indígenas denuncian que esta población sigue marginada, que se les vulneran sus derechos y no tienen un razonable acceso a la educación, la salud y otros servicios públicos.
Para atender los problemas y las necesidades de los indígenas, Panamá creó en septiembre de 2013 el viceministerio de Asuntos Indígenas con el objetivo de "diligenciar de modo más expedito la planeación e implementación de políticas de inclusión social de los pueblos indígenas de Panamá".
La época de la confrontación y la violencia hacia los pueblos indígenas ha sido superada en Panamá, donde el Gobierno ha colocado entre sus prioridades a esa población de más de 400.000 personas que supone el 12 por ciento del censo panameño.
Así lo aseguro hoy el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido como tal el 23 de diciembre de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Henríquez destacó en un comunicado que "la época de las confrontaciones y la violencia quedó atrás y que este gobierno tiene como prioridad a la población indígena, que ha sido rezagada por mucho tiempo".
El ministro panameño aseguró que el Gobierno de Panamá ratificará el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales, aunque no especificó fecha.
Por su parte, la viceministra de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, exhortó "a la unión y el trabajo conjunto entre dirigentes, instituciones y el gobierno en general, con el único afán de llevar adelante los planes y programas que redunden en beneficio de nuestros pueblos".
Gallego reiteró su compromiso de dar "fiel cumplimiento y seguimiento" a los planes del presidente, Juan Carlos Varela, para atender "las demandas de nuestros 7 pueblos originarios en temas como: la ratificación del convenio 169 de la OIT, la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico Integral, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y otros".
"Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los pueblos indígenas" es el lema con el que Naciones Unidas celebra hoy el día de los indígenas instando a "la puesta en práctica de políticas y programas a nivel nacional e internacional, en las que colaboren los gobiernos, la ONU, los pueblos indígenas y todos los sectores involucrados".
En Panamá existen siete pueblos indígenas: Ngbe, Buglé, Gunas, Emberá, Wounnan, Naso y Bri Bri.
Según el Censo del año 2010, la población indígena en Panamá es de 417.559 habitantes y representa el 12.03 % de la población panameña.
La legislación sobre los territorios y comarcas indígenas en Panamá establece la propiedad y uso colectivos de las tierras, las cuales están consideradas "inembargables e inadjudicables".
Pero a pesar de las buenas intenciones del Gobierno, en Panamá hay abiertos varios frentes en los que indígenas reclaman que no se respetan sus derechos y tierras y cada cierto tiempo se producen enfrentamientos con agricultores que invaden sus tierras y en los campamentos en los que protestan contra el desarrollo de varias obras de infraestructura en sus tierras.
El último de estos enfrentamientos se produjo en abril pasado entre indígenas y la Policía Nacional de Panamá en la localidad rural de Kiat, al oeste de la capital, y dejó al menos siete heridos, tres de ellos agentes, y la destrucción de un campamento a orillas del río Tabasará, en Chiriquí, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital panameña.
Indígenas de la comarca Ngbe Buglé se habían instalado a orillas del río Tabasará en rechazo a la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco, ya que consideran que el lago que se creará afectará a tres comunidades ancestrales aguas arriba.
Periódicamente, activistas y organizaciones indígenas denuncian que esta población sigue marginada, que se les vulneran sus derechos y no tienen un razonable acceso a la educación, la salud y otros servicios públicos.
Para atender los problemas y las necesidades de los indígenas, Panamá creó en septiembre de 2013 el viceministerio de Asuntos Indígenas con el objetivo de "diligenciar de modo más expedito la planeación e implementación de políticas de inclusión social de los pueblos indígenas de Panamá".
