El Gobierno de Panamá alertó hoy que el país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en 2019, si la Asamblea no aprueba un proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como un delito penal precedente del lavado de activos.
Se trata del proyecto de ley 591, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en enero pasado ante la Asamblea Nacional (AN), que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de los 300.000 dólares anuales, una propuesta inédita en este país que lucha por acabar con la imagen de paraíso fiscal.
"La gravedad de que el Proyecto de Ley No. 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de GAFI en el 2019", indicó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas en una declaración pública.
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Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI, lo que dificultó las actividades internacionales de los bancos y algunas industrias, pero fue excluida en el 2016 tras cumplir con una serie de recomendaciones de ese organismo para reforzar los sistemas de supervisión y control.
En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa, y la iniciativa oficial de convertirlo en delito penal por recomendación de organismos internacionales como sostiene el Gobierno, ha encontrado una férrea resistencia especialmente en sectores legales, aunque también entre los empresarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizó en una reciente reunión "el progreso técnico de Panamá en cerrar brechas para cumplir con las recomendaciones de GAFI identificadas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en enero de 2018".
Deficiencias
"GAFILAT, en este informe, ha concluido que Panamá viene progresando en relación con el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM (...) sin embargo resalta también como deficiencia que los delitos fiscales no están tipificados como delitos determinantes al lavado de activos".
Esa "omisión impacta en uno de los principales riesgos identificados que es la colocación de activos provenientes de ilícitos cometidos en el exterior", de acuerdo con la información oficial.
"El Ministerio de Economía y Finanzas considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero", sostuvo.
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A finales de octubre pasado la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, rechazó una propuesta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) que pidió rebajar las penas de cárcel hasta 4 años y aumentar hasta 500.000 dólares la cantidad a partir de la cual se considera delito fiscal la evasión.
Por esa misma fecha la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) pidió a la Asamblea que apruebe el proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como delito penal.
La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa y las críticas arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI en el 2014, y la publicación de los llamados papeles de Panamá.
