El Ministerio Público le formuló cargos a Andy Muñoz Serracín, de 18 años de edad, por el presunto delito de femicidio en perjuicio de Yorlenis Santos Gallardo, de 15 años, quien al momento de su muerte tenía 4 meses de embarazo.
El hecho ocurrió el 1 de agosto, en el camino conocido como "La Torre", en la comunidad de Nueva California, en el corregimiento de Volcán, en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.
Este sábado, durante la audiencia de garantías, se le ordenó la detención preventiva al joven, quien presuntamente asesinó a la joven de tres heridas, una en el cuello (degüello), otra en el tórax y otra en sus manos.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto de homicidio y femicidio, Aris Pitti, relató que el hoy imputado confesó a una amiga que mató a Yorlenis porque estaba embarazada de él.
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Se conoció que el presunto asesino embarazó a la menor de edad, luego de tener relaciones con ella bajo los efectos del alcohol.
En el desarrollo de la audiencia, el fiscal aseguró que se ubicó un suéter blanco y unas zapatillas, las cuales mantienen manchas de sangre que se presume sean de la víctima, lo que se espera sea comprobado científicamente.
Agregó que el hoy investigado le había solicitado a la joven que abortara el bebé y que para eso le proporcionaría unas pastillas, ya que no quería tener problemas con su novia.
Durante la audiencia, la juez de garantías Walkiria Martínez legalizó la aprehensión, dio por formulada la imputación y ordenó la detención preventiva.
En la audiencia participó la madre de la joven asesinada, quien fue representada por la defensa de la víctima, Berta Cerrud García.
Por su parte, el hoy investigado por femicidio estuvo representado por la defensa pública a cargo de la abogada Iveth Moreno.
La defensa solicitó a la juez que se le otorgara una medida cautelar a su representado de arresto domiciliario y la colocación de un brazalete, sin embargo le fue negada.
La menor asesinada y su presunto agresor estudiaban en el Colegio Nocturno de Volcán y ambos cursaban el cuarto año.
Finalmente, la juez de garantías le dio al Ministerio Público un término de seis meses para la investigación.
