Panamá/ACAN-EFE
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Enrique Mendoza, declaró que ha compartido con sus colegas de Panamá la experiencia beneficiosa que ha traído la informatización de los procesos judiciales, entre otras medidas, para "disminuir la corrupción".
Al igual que en Panamá y otros países de la región, el Perú no escapó a los problemas de la "mora judicial" que devenían en la necesidad de "aceitar" el sistema para que "los procesos salieran".
"Esa herencia arcaica que tenemos en los procesos judiciales que causaban la lentitud en evacuar los casos es una de las principales razones para la corrupción porque las partes aceitaban los engranajes para que funcionaran", reconoció el magistrado presidente del Poder Judicial peruano.
Mendoza concluyó hoy su visita oficial a Panamá, iniciada el viernes pasado, con una comparecencia ante los miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a los que explico los mecanismos modernos establecidos en el Perú para dar certeza jurídica a los inversores, incluso en los litigios.
El magistrado detalló a que en su país, ahora, los jueces tienen "metas de productividad" en las diferentes jurisdicciones, lo que ha provocado "una sana competencia" entre los funcionarios judiciales y "poder medir" la efectividad de los procesos y cambios impulsados.
Por ejemplo, "ya se ha creado en dos distritos judiciales los expedientes electrónicos, ya no se hace notificación en papel y hoy por hoy todos los avances de los procesos se conocen digitalmente, obligatoriamente, y más de 100.000 abogados pueden ver como marchan los casos", acotó.
Un juez penal tiene que dictar sentencia mínimo en 50 casos al mes, mientras uno laboral 68, el juez civil evacuar 28 (incluyendo la jurisdicción agraria), y un comercial 55 casos por mes, entre otras especialidades.
Enrique Mendoza aclaró que no todo el país está en esa línea, pero hacia allá marcha con la modernización de los juzgados, dotación de herramientas tecnológicas y garantías con la aplicación gradual del sistema penal acusatorio.
"La estabilidad jurídica está garantizada incluso frente a excesos del Estado", apuntó.
Los "indicadores mínimos de sentencias" que tienen que cumplir los jueces "disminuyen el azar" que padecía el sistema antiguo y, aunque reconoció que hay un subregistro porque la corrupción "no deja huellas" en el Perú actualmente se registra que un 3 % de casos en la administración judicial son afectadas por esta lacra.
"Solo en 2013 se suspendió o despidió a 33 jueces, algunos por corrupción", apuntó.
Mendoza indicó que con el sistema penal acusatorio la demora para dictar sentencia es de unos cuatro meses, cuando con el anterior sistema inquisitivo tardaban no menos de 44 meses.
"Aquí en Panamá está mucho mejor, porque demora 2 meses y medio, y se puede mejorar mas conforme se vaya conociendo cómo funciona el sistema, en el que el juez no investiga, solo dicta sentencia, pero es fuertemente garantista para las partes", comentó.
Explicó que el Perú, al igual que en Panamá, padeció del "cuello de botella" en la jurisdicción contencioso administrativa, pero ello quedó superado creando más juzgados, dotarlos de recursos informáticos y velando porque los funcionarios apliquen bien la ley "para disminuir los casos contra el Estado.
"Se que en Panamá es aún un problema", comentó.
Sobre la jurisdicción agraria, con el robo de propiedades mediante la falsificación de escrituras, señaló que eso "lo vi primero hace quince años en Colombia, luego ha pasado a otros países como Perú y Panamá", lo cual en su país se ha combatido con mejores controles en el registro de la propiedad inmueble.
"Hay detenidos por ese delito, bandas que actuaban con la complicidad o ingenuidad de los notarios", añadió.
Además de su encuentro con las autoridades y empresarios panameños, Mendoza firmó con su homólogo panameño, José Ayu Prado, un convenio indefinido de intercambio de información para ayudar en el combate al narcotráfico y blanqueo de capitales "que esperamos en el tiempo se profundice".
Con la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (estatal), se comprometió a impulsar un convenio de colaboración con el Poder Judicial peruano.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Enrique Mendoza, declaró que ha compartido con sus colegas de Panamá la experiencia beneficiosa que ha traído la informatización de los procesos judiciales, entre otras medidas, para "disminuir la corrupción".
Al igual que en Panamá y otros países de la región, el Perú no escapó a los problemas de la "mora judicial" que devenían en la necesidad de "aceitar" el sistema para que "los procesos salieran".
"Esa herencia arcaica que tenemos en los procesos judiciales que causaban la lentitud en evacuar los casos es una de las principales razones para la corrupción porque las partes aceitaban los engranajes para que funcionaran", reconoció el magistrado presidente del Poder Judicial peruano.
Mendoza concluyó hoy su visita oficial a Panamá, iniciada el viernes pasado, con una comparecencia ante los miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a los que explico los mecanismos modernos establecidos en el Perú para dar certeza jurídica a los inversores, incluso en los litigios.
El magistrado detalló a que en su país, ahora, los jueces tienen "metas de productividad" en las diferentes jurisdicciones, lo que ha provocado "una sana competencia" entre los funcionarios judiciales y "poder medir" la efectividad de los procesos y cambios impulsados.
Por ejemplo, "ya se ha creado en dos distritos judiciales los expedientes electrónicos, ya no se hace notificación en papel y hoy por hoy todos los avances de los procesos se conocen digitalmente, obligatoriamente, y más de 100.000 abogados pueden ver como marchan los casos", acotó.
Un juez penal tiene que dictar sentencia mínimo en 50 casos al mes, mientras uno laboral 68, el juez civil evacuar 28 (incluyendo la jurisdicción agraria), y un comercial 55 casos por mes, entre otras especialidades.
Enrique Mendoza aclaró que no todo el país está en esa línea, pero hacia allá marcha con la modernización de los juzgados, dotación de herramientas tecnológicas y garantías con la aplicación gradual del sistema penal acusatorio.
"La estabilidad jurídica está garantizada incluso frente a excesos del Estado", apuntó.
Los "indicadores mínimos de sentencias" que tienen que cumplir los jueces "disminuyen el azar" que padecía el sistema antiguo y, aunque reconoció que hay un subregistro porque la corrupción "no deja huellas" en el Perú actualmente se registra que un 3 % de casos en la administración judicial son afectadas por esta lacra.
"Solo en 2013 se suspendió o despidió a 33 jueces, algunos por corrupción", apuntó.
Mendoza indicó que con el sistema penal acusatorio la demora para dictar sentencia es de unos cuatro meses, cuando con el anterior sistema inquisitivo tardaban no menos de 44 meses.
"Aquí en Panamá está mucho mejor, porque demora 2 meses y medio, y se puede mejorar mas conforme se vaya conociendo cómo funciona el sistema, en el que el juez no investiga, solo dicta sentencia, pero es fuertemente garantista para las partes", comentó.
Explicó que el Perú, al igual que en Panamá, padeció del "cuello de botella" en la jurisdicción contencioso administrativa, pero ello quedó superado creando más juzgados, dotarlos de recursos informáticos y velando porque los funcionarios apliquen bien la ley "para disminuir los casos contra el Estado.
"Se que en Panamá es aún un problema", comentó.
Sobre la jurisdicción agraria, con el robo de propiedades mediante la falsificación de escrituras, señaló que eso "lo vi primero hace quince años en Colombia, luego ha pasado a otros países como Perú y Panamá", lo cual en su país se ha combatido con mejores controles en el registro de la propiedad inmueble.
"Hay detenidos por ese delito, bandas que actuaban con la complicidad o ingenuidad de los notarios", añadió.
Además de su encuentro con las autoridades y empresarios panameños, Mendoza firmó con su homólogo panameño, José Ayu Prado, un convenio indefinido de intercambio de información para ayudar en el combate al narcotráfico y blanqueo de capitales "que esperamos en el tiempo se profundice".
Con la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (estatal), se comprometió a impulsar un convenio de colaboración con el Poder Judicial peruano.
