Las carencias y falencias de la implementación de la ley que garantiza la salud y la educación de las adolescentes embarazadas, necesita un estudio, según señala un informe sobre la Ley 29 de 2002 rendido hoy ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.
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Tenemos una ley que se ha convertido en letra muerta, un instrumento que únicamente garantiza una matrícula de la adolescente en un centro educativo, pero que no está acompañada de una política sana de prevención ni de una iniciativa de apoyo, dice el documento.
Señala que los resultados que se pretendían obtener con la Ley 29 de 2002 han sido nulos por el incumplimiento del debido control, reglamentación y seguimiento que han debido tener por parte de las instituciones obligadas a entregar sus informes como lo establece dicha norma.
El informe destaca que los altos índices de embarazos en adolescentes en Panamá muestran que el 31.7% de las mujeres y el 40.7 de los hombres han tenido su primera relación sexual antes de los 15 años, según encuesta nacional de salud sexual y reproductiva en el 2009.
Indica que, según el censo del 2010 de la Contraloría General de la República, el total de la población adolescente es 245 mil 494 (12 a 19 años), y en cuanto a embarazos, partos e inasistencia escolar, 23 mil 215 eran madres.
Para el año 2013, se realizaron 14 mil 981 partos en menores, y en el 2014, unas 18 mil 462 madres no asistían a la escuela.
