Unas seis organizaciones ambientales presentaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda para que se declare nula por ilegal la Resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado Puerto Barú, ubicado a 20 kilómetros del centro de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.
El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el anterior ministro de Ambiente e implica el dragado para la construcción de un canal de 31 kilómetros suficientemente profundo para la navegación de barcos para el trasiego de mercancías, hidrocarburos y personas dentro de un área protegida que contiene el 25% de la superficie de manglares de todo el país.
La demanda expone cómo la aprobación del estudio se basó en una simulación de consulta pública, sin que el ministerio jamás considerara los comentarios presentados por la ciudadanía; y cómo el promotor recibió oportunidades adicionales a los permitidos por la ley para aclarar el contenido de su estudio.
Los demandantes sustentan, además, otras nueve infracciones a la legislación panameña por irregularidades en la evaluación del estudio y los potenciales efectos del proyecto en el medio natural.
El propio Estudio de Impacto Ambiental reconoce que el área afectada: “representa una zona vital de amortiguamiento y refugio para la fauna bentónica, siendo además un punto ardiente de la diversidad con elevado grado de endemicidad, conjunto que sirve de agente conector entre los ambientes superficiales y subterráneos del medio hídrico. Demás está señalar pues, la enorme incidencia del dragado al retirar esta capa, para la comunidad bentónica que representa en este marco, un factor de primera importancia en la cadena trófica acuática”.
Las organizaciones responsables de la demanda son organizaciones sin fines de lucro de consagrada trayectoria en la defensa del medioambiente y los derechos humanos, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), la Asociación Adopta El Bosque Panamá (ADOPTA BOSQUE), la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario, y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP), la Fundación Panacetacea Panamá y el Proyecto Primates Panamá.
En nombre de los demandantes, Lilian González Guevara, directora ejecutiva de CIAM, afirmó: “Pedimos a la Corte Suprema de Justicia conceda prontamente nuestra solicitud de suspensión provisional de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para evitar daños ambientales y sociales irreparables mientras el tribunal tiene la oportunidad de verificar la ilegalidad de este acto administrativo. Esperamos contar con el apoyo de la nueva administración del Ministerio de Ambiente, que esta vez sí se escuche la voz de los especialistas de la institución que ya alertaban sobre los nefastos impactos de este proyecto”.
