Podredumbre en CSJ

Una de las principales instituciones encargadas de administrar justicia en el país, como lo es el Órgano Judicial (OJ),  dejó en entredicho  su actuar, al evidenciar que  las garras de la corrupción tocaron a sus puertas.
 Y es que luego de una denuncia presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José E. Ayú Prado Canals, el pasado 24 de agosto de 2015, al fiscal Auxiliar de la República, Marcelino Aguilar, para poner al tanto supuestas conductas delictivas en una dependencia del OJ, se realizaron diligencias simultáneas en varios despachos judiciales.
          Tras realizar dicha investigación exhaustiva se logró desmantelar una supuesta red criminal de unos 13 funcionarios que presuntamente estaba en la comisión del delito contra la administración pública.
 Cabe resaltar que entre los detenidos estaban  funcionarios judiciales y particulares, quienes pertenecían a la oficina de descongestión judicial, la Secretaria del Segundo Tribunal Superior de Justicia y de algunos juzgados de Circuito Penal.
Entre los actos de corrupción investigados se encuentran la negociación de fianzas, retención de boletas de captura, manipulación de fechas de audiencias y sobornos a jurados de conciencia, según información del Ministerio Público (MP).
La exmagistrada de la CSJ,  Esmeralda Arosemena de Troitiño, piensa que el sistema de justicia debe aprovechar este momento para realmente hacer una depuración de lo que en el tema de corrupción hay.
    “Esta es la oportunidad de sacar a flote si realmente hay interés de un combate completo a la corrupción”, acotó.
 En otro tema, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, denunció un supuesto mal actuar de autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI).
El jurista, contó a ‘día a día’ que luego de hacer varias denuncias en  un medio televisivo al llegar a sus oficinas se encontró con funcionarios de la DGI.
  Entre lo denunciado, por el jurista  está lo mencionado contra el exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu  y tres ministros del actual Gobierno que son ciudadanos norteamericanos y deben tributar en los Estados Unidos. Además de una mafia en el MP que se están dando y miembros del Gabinete que se han naturalizado estadounidenses o europeos.
Denominándolo un terrorismo judicial, Sitton considera que todo responde a una retaliación producto de todas las denuncias realizadas.