El acuerdo negociado entre el Estado panameño y Minera Panamá marca un hito importante para la República al tratarse de la mayor inversión privada extranjera en el país.
Como gremio, siempre hemos insistido en la importancia de sobreponer los intereses de la nación a los intereses particulares, siempre respetando la seguridad jurídica de la inversión.
En este sentido, desde septiembre de 2021 se conformó dentro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) una comisión para dar seguimiento a las negociaciones y evaluar los acuerdos, teniendo como referencia una serie de condiciones que se consideraron fundamentales.
En materia económica, se entendía que el Estado podía aspirar a un nuevo y equilibrado sistema para el cálculo de regalías, como en efecto sucedió. Estas se calcularán sobre las ganancias brutas, modelo utilizado exitosamente en Chile. Adicionalmente, la empresa reiteró su compromiso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas por el Estudio de Impacto Ambiental, entre estos dar continuidad al plan de cierre y post cierre de la mina. Esto también está contemplado.
En el aspecto laboral, resultaba vital la transferencia de conocimiento y capacitación por parte de Minera Panamá al capital humano panameño, en especial al personal del área, a través de organismos y universidades estatales, o del propio centro de enseñanza técnica que funciona actualmente dentro de la mina. Son buenas noticias que la empresa se haya comprometido a garantizar un fondo para capacitación.
Reiteramos la importancia de que se respete lo acordado en la mesa de negociación en las siguientes instancias hasta lograr la aprobación del Contrato Ley en la Asamblea Nacional.
Queda, como punto pendiente por parte del Gobierno Nacional, establecer de cara a la ciudadanía el uso que se le dará a los fondos que se recibirán anualmente, los cuales de ninguna manera deben destinarse a fines politiqueros sino a áreas de desarrollo estratégico del país con el fin de ser invertidos a largo plazo.
En un plano más amplio, está igualmente pendiente, por parte del Estado panameño, una revisión a la política minera, la cual debe enmarcarse en una política económica nacional sostenible. Para esto es sumamente importante fortalecer las instituciones fiscalizadoras de esta actividad con equipos técnicos y no políticos. Así como actualizar el marco jurídico que debe monitorear y regular el cumplimiento de los compromisos alcanzados.
No obstante, los dos puntos anteriores, hoy cabe reconocer el ejercicio realizado en el caso de la mina, el cual contrasta con el manejo oscuro y desleal dado en el caso de otro sector clave, el portuario. Las negociaciones y la decisión de extender el contrato de los Puertos de Balboa y Cristóbal se dieron en medio de la opacidad, el Gobierno Nacional optó por el silencio y a la fecha la CCIAP no recibe respuesta a sendas cartas enviadas al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Y nada hay que indique que se han defendido o se van a defender los intereses del país.
Panamá cuenta con importantes activos y patrimonios naturales, como lo son su posición geográfica, sus recursos minerales y naturales. Estos han sido pivote para el crecimiento alcanzado y deben continuar siendo impulsores de nuestro desarrollo.
