Redacción Web Día a Día
Que el gobierno de la República de Panamá incluya en sus políticas sociales a las Personas en Necesidad de Protección Internacional (PNPI), para que tengan acceso a viviendas adecuadas, al trabajo, a la apertura de cuentas bancarias y el acceso crédito bancario son algunas de las recomendaciones realizadas al país por el Consejo Noruego para Refugiados durante la presentación del estudio Acceso a la tierra y la vivienda para personas en necesidad de protección internacional en Panamá.
Este estudio que se realizó durante 3 meses en áreas como Darién, Panamá y Colón tiene como objetivo analizar los vacíos en materia de protección y también las ventajas que tiene Panamá para las PNPI.
Para esta investigación se tomó una muestra de 124 personas entre PNPI, personas con protección temporal humanitaria (PTH) y refugiados reconocidos, a las que se les hicieron entrevistas personales y de grupos focalizados, de las cuales el 72.5% fueron mujeres. El informe también recoge información de oficinas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
El estudio se encuentra dividido en 5 partes que son: el contexto, análisis del marco legal aplicable, análisis de los principales vacíos de protección para las personas PNPI en el acceso a la tierra y la vivienda, la ayuda humanitaria y asistencia actual hacia la PNPI en materia de acceso a la vivienda y la tierra y por último las conclusiones y recomendaciones.
Los vacíos más notorios que arroja el estudio son: el déficit habitacional en Panamá y Colón, la reducida capacidad de pagar arriendo y permisos de trabajos para las PNPI, la situación de violencia domestica a la que se enfrentan muchas de estas mujeres, falta de servicios básicos en invasiones o casas condenadas, la asequibilidad a las viviendas, precariedad del empleo informal y ausencia de seguro social, los programas del Ministerio de Vivienda excluyen a personas extranjeras, las PNPI no acceden a crédito para comprar, entre otros.
De acuerdo a Karine Ruel, gerente del Programa Refugio del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) por sus siglas en inglés, quien presentó el estudio asegura que el mayor obstáculo que tienen que los solicitantes de refugio es no poder trabajar durante el tiempo que dura el proceso para que la Oficina Nacional para Refugiados acepte su solicitud, lo que les impide el acceso a una vivienda por no poder sufragarla.
Ruel asegura que este obstáculo no es común en todos los países de la región, ya que otros gobiernos han firmado acuerdos para otorgar permisos de trabajos a estas personas.
Mientras que Enrique Torrella, coordinador de NRC en Panamá, concluyó que se debe fortalecer el marco legal para la población solicitante de refugio o que los refugiados ya reconocidos tengan acceso a crédito, vivienda, tener contratos de arrendamiento y por otro lado dar a conocer la legislación a todos los actores que intervienen en el proceso de obtener vivienda, tierra y propiedad (bancos, empresas privados, arrendatarios).
Que el gobierno de la República de Panamá incluya en sus políticas sociales a las Personas en Necesidad de Protección Internacional (PNPI), para que tengan acceso a viviendas adecuadas, al trabajo, a la apertura de cuentas bancarias y el acceso crédito bancario son algunas de las recomendaciones realizadas al país por el Consejo Noruego para Refugiados durante la presentación del estudio Acceso a la tierra y la vivienda para personas en necesidad de protección internacional en Panamá.
Este estudio que se realizó durante 3 meses en áreas como Darién, Panamá y Colón tiene como objetivo analizar los vacíos en materia de protección y también las ventajas que tiene Panamá para las PNPI.
Para esta investigación se tomó una muestra de 124 personas entre PNPI, personas con protección temporal humanitaria (PTH) y refugiados reconocidos, a las que se les hicieron entrevistas personales y de grupos focalizados, de las cuales el 72.5% fueron mujeres. El informe también recoge información de oficinas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
El estudio se encuentra dividido en 5 partes que son: el contexto, análisis del marco legal aplicable, análisis de los principales vacíos de protección para las personas PNPI en el acceso a la tierra y la vivienda, la ayuda humanitaria y asistencia actual hacia la PNPI en materia de acceso a la vivienda y la tierra y por último las conclusiones y recomendaciones.
Los vacíos más notorios que arroja el estudio son: el déficit habitacional en Panamá y Colón, la reducida capacidad de pagar arriendo y permisos de trabajos para las PNPI, la situación de violencia domestica a la que se enfrentan muchas de estas mujeres, falta de servicios básicos en invasiones o casas condenadas, la asequibilidad a las viviendas, precariedad del empleo informal y ausencia de seguro social, los programas del Ministerio de Vivienda excluyen a personas extranjeras, las PNPI no acceden a crédito para comprar, entre otros.
De acuerdo a Karine Ruel, gerente del Programa Refugio del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) por sus siglas en inglés, quien presentó el estudio asegura que el mayor obstáculo que tienen que los solicitantes de refugio es no poder trabajar durante el tiempo que dura el proceso para que la Oficina Nacional para Refugiados acepte su solicitud, lo que les impide el acceso a una vivienda por no poder sufragarla.
Ruel asegura que este obstáculo no es común en todos los países de la región, ya que otros gobiernos han firmado acuerdos para otorgar permisos de trabajos a estas personas.
Mientras que Enrique Torrella, coordinador de NRC en Panamá, concluyó que se debe fortalecer el marco legal para la población solicitante de refugio o que los refugiados ya reconocidos tengan acceso a crédito, vivienda, tener contratos de arrendamiento y por otro lado dar a conocer la legislación a todos los actores que intervienen en el proceso de obtener vivienda, tierra y propiedad (bancos, empresas privados, arrendatarios).
